Morelos: voces contra la violencia y el silencio oficial

Columnas miércoles 20 de mayo de 2026 -

En el México real, miles de personas, vestidas de blanco, marcharon en Cuernavaca, Morelos. La exigencia fue clara: regresar la paz a las familias morelenses. La protesta ciudadana fue una advertencia política y moral. Salieron a las calles para exigir algo que en cualquier democracia debería estar garantizado: vivir sin miedo.

Morelos, al igual que otros estados del país, se encuentra en un punto crítico. La violencia dejó de ser una noticia aislada para convertirse en lo cotidiano. El estado gobernado por Morena ocupa el primer lugar nacional en extorsión.

Empresarios y comerciantes han denunciado que, ante la presencia simultánea de varios grupos delictivos, ahora enfrentan dobles cobros de piso, una práctica que ahoga la actividad económica y genera temor constante entre quienes sostienen negocios formales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Morelos en el segundo lugar nacional en delitos como homicidio doloso, feminicidio, despojo, robo de vehículo y hurto de autopartes. A ello se suma el tercer lugar en robo a banco y el cuarto sitio en violación y secuestro, configurando un panorama de terror.

Ramón Castro Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pidió a los tres niveles de gobierno que atiendan la crisis de violencia e inseguridad que padece Morelos. Afirmó que “gobernar no es abandonar” y llamó a los ciudadanos a decir “¡ya basta de tanta violencia!, así como al cobro de piso, a los feminicidios y a la impunidad”.

En efecto, cuando una sociedad tiene que movilizarse masivamente para reclamar seguridad, el problema ya dejó de ser policíaco; se convirtió en una crisis de Estado. Porque la violencia no solo asesina personas, también destruye la confianza pública, rompe el tejido social y cancela el futuro.

Morelos vive desde hace años bajo esa sombra: homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios y un deterioro institucional que lamentablemente se ha normalizado. La advertencia del obispo Ramón Castro resume el sentimiento colectivo: “No nos vamos a resignar a la violencia”.

Una frase que desnuda el verdadero riesgo y desafío que enfrenta el país: la resignación social. Porque, el crimen organizado no solo busca controlar territorios; busca domesticar conciencias. Quiere ciudadanos acostumbrados a escuchar balaceras, madres acostumbradas a buscar hijos desaparecidos y gobiernos acostumbrados a justificar lo injustificable. El crimen organizado quiere todo el poder.

La presencia de la Iglesia en esta movilización también revela otro fenómeno inquietante: el vacío de liderazgo civil y político. Cuando son los obispos quienes encabezan el reclamo de paz, queda claro que muchas instituciones del Estado han perdido credibilidad. No es casual que miles de personas hayan respondido a esa convocatoria por doceava vez; Lo hicieron porque sienten abandono. Porque perciben que alguien, al menos, está dispuesto a nombrar el dolor que el poder intenta silenciar.

@guillegomora