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Mujeres, justicia  y elecciones 

Mujeres, justicia  y elecciones 

Columnas martes 24 de marzo de 2020 - 01:44

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta procedente del Senado que modifica siete leyes mexicanas, cuatro de ellas relacionadas con nuestras elecciones. La reforma aprobada, de inminente promulgación y entrada en vigor, reglamenta las materias de violencia política y paridad de género. Debo destacar por ahora, si bien brevemente, dos rasgos que le son transversales.
Se definió por fin en ley la paridad de género como la igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la asignación del 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento de cargos por designación.
Se definió también la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que dichas acciones u omisiones se basan en elementos de género si se dirigen a una mujer por ser mujer, le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella. Dispone que dicha clase de violencia puede manifestarse en cualquiera de los tipos reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos o representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y sus integrantes, por una o varias personas particulares.
No es una reforma menor. Es la positivización oportuna y eficaz del nuevo paradigma igualitario global. Es la respuesta de la clase política mexicana entera a las exigencias de paz, seguridad e igualdad de las mujeres de los pasados 8 y 9 de marzo. Revela gran sensibilidad política de nuestras legisladoras y nuestros legisladores, que con extraordinarios reflejos y enorme capacidad de lectura y de reacción han introducido en nuestra arquitectura jurídica nuevos dispositivos esclarecedores y protectores que le adeudaban a todas las mujeres de México, todas ellas, con justa razón, hasta la madre de tanto acoso, discriminación y violencia, pero también de tanta inacción de sus representantes y de las estructuras de procuración y administración de justicia.
En estos tiempos de distanciamiento social y pandemia, sea bienvenida esta buena noticia que privilegia a las mujeres, que son el alma, el corazón y la conciencia de la patria.



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/CR

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