Este dictamen confirma algo que millones de mexicanos ya perciben todos los días: Morena dejó de gobernar para resolver problemas y comenzó a gobernar para conservar el poder.
En un país donde las familias viven con miedo por la violencia, donde amplias regiones están bajo el control de organizaciones criminales y donde el gobierno acumula fracasos en materia de seguridad, crecimiento económico y salud, la prioridad del oficialismo no es corregir el rumbo.
La prioridad es blindarse políticamente, qué cinismo.
Por eso resulta revelador que, en lugar de discutir cómo recuperar territorios dominados por el crimen, cómo garantizar elecciones libres de la influencia de los grupos delincuenciales o cómo evitar que el dinero ilegal contamine las campañas, tengan otras urgencias.
La urgencia: construir nuevas causales de nulidad tan ambiguas que terminan convirtiéndose en instrumentos de control político.
La redacción que hoy pretenden incorporar a la ley abre la puerta a interpretaciones discrecionales sobre qué constituye una intervención extranjera y cuándo ésta pudo influir en un resultado electoral.
Bajo esta lógica, bastaría una declaración incómoda de un actor internacional para intentar convertirla en argumento de nulidad.
Si durante una elección presidencial en México llegara a perder Morena por el voto de la gente, pero al mismo tiempo, desde Estados Unidos, un candidato, un senador o incluso el propio presidente decidiera afirmar que en México existe influencia del narcotráfico en determinadas regiones.
¿Qué sigue? ¿También van a sostener que eso alteró una elección? ¿También van a pedir que se anulen resultados?
Ese es el problema cuando las leyes dejan de construirse para proteger la democracia y comienzan a construirse para proteger a quienes gobiernan.
Lo más preocupante es el contexto en el que aparece esta reforma.
No surge de una exigencia ciudadana. No responde a un vacío que haya provocado una crisis electoral. No atiende una demanda social urgente.
Surge en un momento en el que el oficialismo enfrenta un desgaste evidente. Surge cuando cada vez más personas cuestionan la distancia entre el discurso y la realidad.
Surge cuando millones de mexicanos ya entendieron que el gobierno no controla el país ni al narcotráfico, sino que es parte de él, pero sí pretende controlar cada vez más aspectos de la vida pública.
Esto no es una demostración de fortaleza, es una demostración de miedo.
Miedo a la crítica. Miedo al escrutinio. Miedo a la democracia. Esto es esto, el acta de nacimiento de su miedo a la democracia, le tienen pavor al voto de la gente.
Y cuando un gobierno comienza a legislar desde el miedo, termina restringiendo aquello que dice defender.
La democracia se fortalece con instituciones imparciales, con reglas claras y con ciudadanos libres para opinar, cuestionar y señalar errores, incluso cuando esas críticas vienen del extranjero.
La democracia no se fortalece construyendo herramientas para descalificar resultados incómodos o para ampliar la capacidad de interpretación política del poder.
Por eso votamos en contra.
Porque México necesita gobiernos que gobiernen para la gente y no para su permanencia.
Porque las leyes deben servir para proteger a los ciudadanos, no para proteger a quienes ocupan temporalmente el gobierno.
Y porque la democracia se defiende aceptando la crítica, no intentando convertirla en causal de nulidad electoral.