La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México propuso, como parte de la Ley de Ingresos, un nuevo impuesto por usar las calles de la gran metrópoli.
La semana pasada se presentó la iniciativa, ante el Congreso local, que busca la adición del artículo 307 TER al Código Fiscal de la Ciudad de México para el año 2022, dicho numeral establece un cobro de 2% del monto total de ventas, antes de impuestos, por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles. El nuevo impuesto se deberá pagar mensualmente por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México. Los diputados deberán analizar esta reforma y su procedencia a más tardar el 15 de diciembre próximo.
La Jefa de Gobierno con esta iniciativa busca cobrar un nuevo impuesto de 2 por ciento del monto total de ventas, antes de impuestos, este cobro está dirigido a plataformas tecnológicas de reparto o delivery como Amazon, Uber Eats, Rappi, Didi Food o Jüsto, que se dedican a entregar víveres en la capital del país.
Esté nuevo impuesto representa una barrera a la innovación tecnológica de la Ciudad de México, que mostró ser una gran herramienta durante la pandemia. ¿Porqué castigarla?
Este impuesto representará una afectación directa a la estructura de costos de las plataformas, de miles de repartidores, restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá un gran impacto en los precios que pagan los consumidores finales, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios.
Este impuesto es contrario a la reactivación económica, y vendrá a afectar sobre todo al sector de preparación de alimentos, que tenía una ocupación de 156 mil empleos formales antes de la pandemia y que, como consecuencia de la misma, registró la pérdida de 49 mil empleos; es decir, del 32% de los empleos generados en esta actividad.
No podemos perder de vista que muchos de los empleos recuperados en este sector se han dado gracias a la innovación por el uso de las plataformas tecnológicas, y este impuesto viene a golpearlas.
Durante la pandemia, miles de repartidores encontraron como una alternativa de trabajo el reparto de bienes mediante el uso de automotores, motocicletas y bicicletas gracias a las famosas apps; sin embargo, ahora la Jefa de Gobierno pretende cobrarles un impuesto por el uso de la infraestructura.
El Congreso de la ciudad deberá de valorar a conciencia la iniciativa, así como realizar mesas de trabajo con los sectores involucrados, y con especialistas para valorar la posible afectación económica que este impuesto puede causar a los ciudadanos.
¿Qué este nuevo impuesto no es inconstitucional?
¿Qué este nuevo impuesto viola la libertad de tránsito?
¿Qué eso de crear impuestos no es neoliberal?
Pareciera que la Jefa de Gobierno está proponiendo el cobro por circular en la Ciudad de México, lo que resulta poco sensible a la luz de la crisis económica que hoy enfrentamos.
Ahora Sí, ya estamos como cuando en 1853, el dictador Antonio López de Santa Ana cobraba impuestos por las puertas y las ventanas que tenían los inmuebles.
¿Qué sigue ?