Por Onel Ortíz Fragoso
@onelortiz
En el contexto de las más recientes resoluciones del INE y del TEPJF, que ratificaron la cancelación de las candidaturas de Morena en dos estados y después de que el INAI presentara acción de inconstitucionalidad en contra de la recientemente promulgada reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que incluye datos biométricos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la presentación ante el Congreso de la Unión de iniciativas para reformar a los órganos autónomos y para que algunas de sus funciones regresen a las secretarías del gobierno federal o al poder judicial, porque dice que éstos no defienden al pueblo sino a grupos de interés.
Lo malo de los tiempos electorales es que todo queda subordinado a la pasión y muy poco a la razón. En este momento, sólo se trata de una declaración que expresa una intención, pero bien a bien nadie sabe que pretende exactamente el Presidente. Del lado de la oposición, la reacción fue desproporcionada. Se trata de un debate de fondo que no debe tomarse a la ligera por nadie.
El presidente debe precisar de que órganos autónomos habla: los que establece la Constitución o los que cumplen funciones técnicas. Saber si incluye, por ejemplo a la UNAM, a la UAM, a la CNDH o al Banxico; si se trata de las instituciones de la transición democrática como el INE, el TEPJF o el INAI, o los órganos creados ante reformas estructurales como la COFECE, la CRE o la COFETEL, la cual resguardará el padrón de usuarios de telefonía móvil. O bien, no descartemos que sea el momento de por fin otorgarle autonomía al IPN y a la Auditoria Superior de la Federación.
Ni el ahorro puede ser el único criterio de una reforma, ni los órganos autónomos son entes perfectos. Para el Estado mexicano es importante revisar y en su caso, reformar algunas instituciones, particularmente las creadas en la última década, pero no desaparecerlas.
Por el contrario, los órganos autónomos necesitan una reforma de gran calado para fortalecerlos, hacerlos más eficientes e independientes del poder político y económico. Sí pueden ser más austeros y al mismo tiempo desempeñar sus actividades sustantivas.
Quizá deba considerarse que la división tradicional del Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, vigente desde el Siglo XVIII, ya no responde a las sociedades contemporáneas. Tiene que pensarse en los órganos autónomos como factores de equilibrio para los otros poderes del Estado. No olvidemos como los hombres de la Ilustración, advirtieron con gran visión la importancia de que el Soberano tenga las manos libres para hacer el bien, pero las manos atadas para hacer el mal.