En el año 2012 se aprobaron en México reformas a la Ley Federal del Trabajo para permitir las prácticas de outsourcing o subcontratación. Esta modalidad de contratatación, ofrece muchas posibilidades de hacer negocios para los empresarios independientes o micro empresas que echando mano de sus fortalezas, pueden ofrecer un servicio o producto a empresas grandes.
El outsourcing, entendido como la estrategia de negocios que permite encargar a un socio externo el desempeño de funciones no estratégicas en una empresa, inició en México hace más de 40 años cuando las compañías contrataban los servicios de vigilancia y limpieza de otras empresas; más tarde, los de comedor y mantenimiento, así hasta llegar a nuestros días a áreas de reclutamiento y selección de personal, relaciones públicas, sistemas de información, mantenimiento de sistemas y procesamiento de datos, entre muchas otras.
El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales con la intención de prohibir la subcontratación de personal, aludiendo que este régimen laboral ha sido presa de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores.
El 23 de noviembre, el presidente de la República sostuvo una reunión a puerta cerrada con los líderes de las cúpulas empresariales. Ahí acordaron mantenerse en consejo permanente con el gabinete federal para alcanzar acuerdos respecto a este tema. Sin embargo, en Cámara de Diputados, la iniciativa sigue su curso legislativo de análisis en comisiones y se espera el dictamen para votación la próxima semana, tiempo que se antoja corto para lograr un consenso en la redacción final de la ley, sin dejar de mencionar que las funciones de dictaminación pasarían de facto a este “consejo permanente”, marginando el trabajo de los legisladores a simples “tomadores de nota” del Ejecutivo.
Nadie en su sano juicio podría oponerse a que mejoren las condiciones laborales en México, sin embargo, las cifras de desempleo que estamos alcanzando deberían ser una brújula para afinar el rumbo de las políticas públicas.
Durante el mes de abril, el peor momento de la crisis por el coronavirus, se perdieron más de 12 millones de empleos, entre formales e informales. La tasa de desempleo de México disminuyó sólo a 4.7% en octubre, desde el 5.1% registrado en septiembre, en medio de un proceso de reactivación gradual de la actividad económica.
El concepto de outsourcing ha evolucionado, las empresas solían acaparar todos los procesos de producción, sin embargo, los altos costos que conllevaba mantener la infraestructura material y humana pasaron factura de pérdidas financieras y poca efectividad de operación.
Resulta imprescindible considerar estas variables para centrar adecuadamente la finalidad de la política pública de prohibir el outsourcing. Las pequeñas empresas podrían considerar inviable su operación por la sobrerregulación y los altos costos, contribuyendo a una crisis económica, cada vez más profunda y de difícil retorno.