Claudia Bolaños
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que la situación en Sinaloa refleja una “podredumbre” en el gobierno estatal que, dijo, ha rebasado cualquier explicación política y debe ser atendida por las autoridades judiciales.
En conferencia, el legislador afirmó que los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico no son nuevos y forman parte de denuncias que, sostuvo, su partido ha hecho desde hace años. Indicó que ahora existen elementos difundidos incluso a nivel internacional que obligan a actuar con seriedad.
“Me parece que la podredumbre del gobierno de Sinaloa está rebasando cualquier tipo de explicación más que la que se tenga que dar ante los tribunales”, expresó.
Lixa señaló que es inaceptable que, ante lo que calificó como evidencias públicas, las autoridades mexicanas no hayan iniciado acciones legales, por lo que exigió que la Secretaría de Relaciones Exteriores turne la información a la Fiscalía General de la República para integrar un expediente y, en su caso, solicitar el desafuero del mandatario estatal.
“El gobernador no sólo debe renunciar, debe presentarse ante la justicia que lo requiera”, sostuvo.
El legislador panista también acusó que existe una presunta cercanía entre gobiernos emanados de Morena y el crimen organizado, al señalar que algunos han mostrado comportamientos “más cercanos al narco que a la ciudadanía”, lo que, dijo, afecta la credibilidad institucional.
Por su parte, el diputado Federico Döring consideró que la permanencia de Rocha Moya en el cargo genera un daño político y diplomático, por lo que planteó que el gobierno federal debería exigir su renuncia para que enfrente las investigaciones correspondientes.
En tanto, el legislador César Damián Retes afirmó que existen otros casos de mandatarios estatales señalados por presuntos vínculos con la delincuencia, por lo que pidió que se actúe sin distinción y se privilegie el interés del país.
Los diputados del PAN insistieron en que el combate a la delincuencia organizada debe incluir sanciones a funcionarios que se coludan con el crimen, así como medidas para evitar el financiamiento ilícito en procesos electorales, al considerar que se trata de un problema estructural que afecta la gobernabilidad.