PLAZOS DE CONSULTA DEL PGD

Columnas martes 03 de marzo de 2026 -

La planeación del desarrollo no es un acto administrativo más. Es la definición del modelo de ciudad que queremos para los próximos 20 o 30 años.

Es decidir cómo creceremos, cómo nos moveremos, cómo se distribuirán los servicios, cómo se protegerá el medio ambiente y cómo garantizaremos derechos.

Por eso, la participación ciudadana en estos procesos no puede ser simbólica, ni decorativa, ni mucho menos limitada por conveniencia política.

Estamos convencidos que la consulta pública debe ser amplia, informada y con tiempos suficientes.

No puede quedar sujeta a la voluntad política del gobierno en turno. Porque cuando la participación depende únicamente de la voluntad política, lo que hemos visto es que esa voluntad puede reducirla, acotarla o administrarla.

Y eso no lo decimos en abstracto. Hemos tenido que pronunciarnos públicamente para solicitar ampliaciones en los periodos de consulta.

Hemos advertido que dos meses además empalmados con periodos festivos no garantizan una deliberación profunda.

Hemos señalado que no es razonable presentar un documento de más de 500 páginas y, prácticamente al día siguiente, iniciar foros para “recoger opiniones”.

Eso no es participación informada; eso es cumplir con un requisito.

La Constitución de la Ciudad de México es muy clara: la planeación debe ser democrática, abierta, participativa y con deliberación pública. No dice que será participativa si alcanza el tiempo, o si políticamente conviene. Lo establece como un mandato. Y los mandatos constitucionales no se negocian.

Por eso proponemos establecer plazos mínimos de difusión y consulta.

Que exista primero un periodo previo de difusión, separado del periodo de consulta. Que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial tengan al menos 30 días hábiles de difusión y 90 días hábiles de consulta efectiva, con etapas claras: preparatoria, deliberativa y de sistematización.

No estamos inventando nuevas etapas. Estamos recogiendo lo que la propia autoridad ya reconoce en sus convocatorias. Lo que queremos es elevarlo a rango legal para que no dependa de criterios discrecionales. Para que ningún gobierno, presente o futuro, pueda reducir la participación ciudadana a un simple trámite.

Porque cuando se acortan los tiempos, cuando se concentran en periodos inhábiles, cuando no se distingue entre difusión y consulta, se corre el riesgo de que la participación sea mínima. Y cuando la participación es mínima, la legitimidad del instrumento también lo es.

Y quiero aprovechar para enviar un mensaje claro a quienes han criticado que se hagan observaciones a los instrumentos de planeación antes de que lleguen formalmente al Congreso.

Se equivocan quienes piensan que debemos guardar silencio hasta que el documento sea turnado oficialmente. Las observaciones y aportaciones pueden y deben hacerse desde antes.

No para obstaculizar, sino para fortalecer. No para politizar, sino para prevenir errores.

Un instrumento de planeación que llega al Congreso sin haber sido discutido, cuestionado y enriquecido previamente es un instrumento más vulnerable. Vulnerable a inconsistencias técnicas. Vulnerable a omisiones jurídicas. Vulnerable, incluso, a impugnaciones.

Si verdaderamente queremos un Plan sólido, resistente y legítimo, debemos abrir el debate desde el origen. Debemos permitir que especialistas, organizaciones, legisladores y ciudadanía señalen áreas de mejora antes de que el documento entre en su fase legislativa formal.

Criticar esa participación previa es, en el fondo, criticar la deliberación. Es preferir la comodidad del silencio a la incomodidad del análisis. Y en una ciudad democrática, el análisis nunca debe ser visto como una amenaza.