Hace unos días, el Partido Verde Ecologista de México presentó iniciativas de reforma electoral. Acá lo más importante de la de reforma constitucional.
Con visión de futuro, reconociendo lo que la ciudadanía pide y merece, y lo que los tribunales electorales han resuelto, el PVEM propone darle soporte constitucional al voto electrónico, al incorporar una disposición que dice que las y los ciudadanos podremos ejercer nuestro derecho al voto de modo presencial a través de la urna electrónica o de manera remota vía internet previa identificación de sus datos biométricos, siguiendo los lineamientos que para al efecto expida el INE.
La iniciativa determina también que el voto por vía electrónica deberá contar con elementos de seguridad que garanticen, al menos, que quien emite el voto sea el ciudadano mexicano que tiene derecho a hacerlo; que el ciudadano no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en la Ley; y que el sufragio sea libre y secreto, y la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.
Del mismo modo, que el sistema de voto por medios electrónicos deberá cumplir con ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación; permitir la identificación del votante a partir del reconocimiento de sus datos biométricos; darle oportunidad al votante de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión; contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable.
En el artículo 36 constitucional, en una peligrosa propuesta, cuya eficacia normativa se antoja muy compleja, el verde propuso sancionar a quienes de manera injustificada no voten, suspendiéndoles los efectos de su credencial para votar como medio de identificación personal.
Modernizando la rendición de cuentas parlamentaria, el verde propone adicionar a la constitución un deber que ya está en la ley, relativa a que los partidos presenten ante el INE, para cada una de las elecciones para renovar la Cámara de Diputaciones y el Senado en las que participen, una plataforma electoral con propuestas de carácter político, económico y social que representen su oferta para obtener el voto ciudadano. Por igual, que en caso de contar con representación en el Congreso, deberán informar anualmente a la ciudadanía sobre el avance legislativo en el cumplimiento de su plataforma electoral.
Además, regresando a un método prohibido hace años, propugna porque los partidos políticos puedan distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición.
Correctamente, propone también reducir significativamente el financiamiento públicos de los partidos, aunque asigna al INE el deber inédito de ejercer por sí mismo el porcentaje de dicho financiamiento destinado a las actividades específicas y de desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y las relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. Le sigo el jueves.
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