Padrón de adictos y marihuana gratis

Recién aprobó el Congreso el uso lúdico de la marihuana y son más las omisiones que los aciertos. El propio Senado no estuvo de acuerdo con los cambios que hicieron los diputados, pero sancionaron la minuta en fast track para su próxima entrada en vigor. Los propios consumidores se mostraron inconformes con la nueva legislación, ya que no contempla despenalizar la posesión de la droga.

Los legisladores, cuyo nivel de discusión fue muy bajo -la legisladora de Morena que dijo: “la mota legal…eleva la moral”, hace recordar al cacique Gonzalo N. Santos, quien con cinismo sentenciaba que la moral era un árbol que daba moras-, están muy ufanos porque creen que con hacer permisivo el uso, venta y distribución del cannabis, se regula su consumo y se debilita al narcotráfico.

Craso error, mientras no se destruya el incentivo económico que representa la droga, el tráfico de narcóticos será uno de los negocios ilícitos más productivos en el mundo. El crimen organizado no ve amenazada su estructura productiva, financiera o distributiva por una normatividad que no contempla un organismo gubernamental que regule la comercialización y porque todavía se hace punitiva la posesión y consumo de la hierba.

Los propios usuarios ven a las nuevas disposiciones como violatorias de los derechos humanos, ya que solo se habla de la constitución de empresas para producir, vender y distribuir el producto, pero mantienen la criminalización de los adictos, quienes reclaman suelo parejo para el cultivo libre y la posesión sin fines de lucro.

La sociedad no ve mal la legalización de la marihuana, como lo muestra la encuesta que en días pasados publicó El Financiero, donde el apoyo ciudadano pasó de 47 a 52 por ciento, mayoritariamente de hombres menores de 40 años y con más preparación académica. El tema polariza, porque la población encuestada mayor de 40 Años desaprueba la legalización y por ideología, la izquierda gana solo con un 52 por ciento frente al 46 por ciento de derechistas que la desaprueba; el problema, se concluye, no es ideológico sino generacional.

Legisladores y sociedad ven el árbol, pero no el bosque. El quid del asunto no está en permitir el consumo y crear empresas lícitas que comercialicen la droga para que el gobierno tenga recursos a través de impuestos, como el cigarro o el alcohol. La solución a este conflicto social es desapoderar al narcotráfico de su provecho económico -no con el congelamiento o aseguramiento de cuentas y bienes-, y crear una política pública que realmente combata las adicciones.

La propuesta es sencilla, pero nadie quiere asumir la responsabilidad ni los costos políticos. El gobierno debe autorizar la producción de droga que ahora se hace de manera clandestina, con lo cual atiende, además, un reclamo de los campesinos, por ejemplo, de la zona caliente de Guerrero, a quienes no ha podido reivindicar con programas productivos o sociales; comprará el propio gobierno la producción y administrará la distribución en centros de salud. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias levantarán un censo real de adictos para darles gratuitamente las dosis que médicamente requieran.

Al darse sin costo la droga, se saca del proceso económico al narcotráfico, al que se le acaba el negocio, se elimina el mercado negro y con verdaderos programas de combate a las adicciones disminuye el censo de adictos. Ningún narcotraficante tendrá interés en corromper a más niños y jóvenes para hacerlos drogadictos, no gana nada. Con la austeridad republicana se puede financiar este programa agrícola, así hay que verlo.

Se requiere acabar de raíz con el problema del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que azota nuestro país, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Eso sería gobernar, no permitir los tianguis marihuaneros afuera de los recintos legislativos.