Padrón electorero

Marco Antonio Baños, consejero electoral, aseguró que, por lo pronto, el INE seguirá protegiendo la información contenida en el padrón electoral, y advirtió que, con su exigencia, el Gobierno federal podría incurrir en violaciones a la Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

El reciente 2 de enero se anunció que el Gobierno federal buscará blindar la seguridad de los mexicanos mediante sistemas basados en la información biométrica de huellas digitales, características faciales y detalles del iris para abatir los índices del robo de identidad, por lo que ahora solicitaron la transferencia de los archivos del INE.

Sin embargo, ante el riego de que esa base de datos pudiese servir para la duplicidad de padrones de programas sociales, para elaborar padrones falsos o para acciones similares, el INE consideró que es mejor que el padrón se mantenga bajo la custodia de una institución autónoma.

Nuestro país ha sido víctima del mal manejo del padrón electoral, al grado de que en una ocasión se descubrieron copias de ese archivo entre vendedores informales de programas cibernéticos de la ciudad, lo que generó severas disputas entre los distintos actores políticos de nuestro país, y ahora debemos evitar.

Las dudas surgen por todos lados. ¿Para qué quiere Gobernación centralizar ese universo de información? ¿Quién garantizaría que el padrón en manos gubernamentales no sea aprovechado para fines electorales? ¿Habría un compromiso de parte del gobierno para evitar un manejo sesgado del padrón? ¿Cómo se garantizaría ese compromiso?

De acuerdo con lo anunciado, se pretende vincular la información biométrica de los mexicanos a la CURP e incorporarla al Registro Nacional de Población, pero, si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos que la actual credencial de elector tuvo sus orígenes en un momento en que se pretendía crear el Renapo y finalmente los partidos políticos acordaron que la, en ese entonces llamada credencial para votar con fotografía, tuviera las funciones que se esperaba atribuir a ese organismo, al que se señaló insistentemente como un instrumento de control por parte del Estado.

El manejo de la información personal de los habitantes de un país es una responsabilidad muy delicada que, en efecto, no puede ni debe estar en manos de un gobierno, cualquiera que sea su filiación política, sino bajo la protección de un organismo autónomo, y en México tenemos el INE, con todos sus aciertos y desaciertos, que ha demostrado tener la capacidad para resguardarlo