La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el acuerdo presidencial por el que se extienden las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea revisado por el Pleno.
Se esperaba que los integrantes de la Primera Sala avalaran el acuerdo y, con ello, la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sin embargo, por unanimidad de votos, acordaron que, por su trascendencia nacional, debe ser analizado por todos los ministros.
Este es uno de los cuatro recursos de controversia constitucional presentados ante la Corte en contra de la militarización de la seguridad pública.
El promovente fue la Cámara de Diputados, pero siguen están el lista los amparos del gobierno de Michoacán, del municipio de Colima, Colima y del municipio de Pabellón Arteaga, Aguascalientes.
Hace más de dos años, el actual gobierno mexicano le dio "legalidad" a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que se intentó en los dos sexenios previos.
El acuerdo autoriza el despliegue de más de 80 mil militares en las calles haciendo tareas de seguridad pública, lo que representa una cifra récord desde que se les dieron estas facultades en 2006.
Sobre este acuerdo militar, un juez de distrito ya había declarado que es inconstitucional, pues el Ejecutivo federal no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.
"(Es una) determinación claramente injustificada y desproporcional, si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad", agregó el juez en su fallo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de la Guardia Nacional en la seguridad pública, y así transferir por completo a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según dio a conocer en junio de este año.
Así, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Sedena, lo que permitiría mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y perpetuar lo que organizaciones civiles y especialistas llaman "la militarización de la seguridad pública".
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