“El que parte y comparte se queda con la mejor parte”, viejo refrán que bien podría aplicar al pleito que traen los partidos políticos con la distribución de las posiciones de representación proporcional o plurinominales en el Congreso de la Unión.
La sociedad sabe que se trata de legisladores que como candidatos no se ven obligados a realizar campaña y que desde hace más de 20 años son posiciones utilizadas para favorecer a líderes, amigos y familiares, cuando en principio la idea era garantizar presencia de minorías, pluralidad y la incorporación de gente sabia, útil para el trabajo parlamentario.
Por decisiones cupulares en los partidos las “pluris” se han desacreditado, al menos ante los electores, porque entre los partidos sus liderazgos son felices con disponer de esos espacios.
Desde que se crearon las plurinominales (200 en la actualidad en Cámara de Diputados), el procedimiento para hacer el reparto ha sido motivo de enojos, nadie queda conforme. Se cuestiona la fórmula técnica para hacer la distribución. Los que consiguen pocos espacios se quejan de que el partido en el poder se agandalla más de los que le corresponden, cuando la autoridad, basada en la Constitución y en leyes secundarias, determina cuántos lugares le toca a cada una de las organizaciones.
Obvio que son los legisladores de dichos partidos los que vienen modificando las reglas de la competencia y cuando están en el poder tratan o inclinan la balanza para su lado.
Actúan como el personaje cómico creado por Roberto Gómez Bolaños (QEPD) llamado “Chimoltrufia”, que como dice una cosa, dice otra. Tratan de llevar agua a su molino con mentiras o medias verdades. Cuando la ley les conviene porque les garantiza mayoría legislativa, la juzgan democrática y aplauden a la autoridad que la aplica. Cuando la misma ley ya no les conviene, porque su votación en las elecciones se desplomó, se van con todo contra la autoridad (el INE, antes IFE, es el encargado de hacer el reparto plurinominal) y la acusan de no haber atendido el mandato constitucional (artículo 54 en este caso).
Es lo que hizo la oposición en 2024, acusó al INE de haber hecho un reparto de diputaciones anticonstitucional, todo porque Morena y sus aliados habían alcanzado la mayoría calificada, lo que le permitiría y ha permitido realizar sus reformas constitucionales.
La oposición PRIAN llevó su reclamo a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por poco se infarta al ver que los magistrados confirmaban lo hecho por el INE. Los magistrados, como ha dicho Felipe de la Mata Pizaña, la tuvieron fácil, porque lo único que tuvieron que hacer fue ajustarse a la ley, sin interpretaciones.
Ante las elecciones de 2027, esa misma oposición está alarmada, teme perder y que le apliquen de nuevo la misma receta a la hora de la distribución de las diputaciones. La misma receta que ellos usaron y de la que se beneficiaron, en justicia porque así está la norma, cuando estuvieron en el poder.
El punto es que en la actualidad agonizan como fuerza política y quieren evitar seguir con una representación chiquita en el parlamento. Dan por hecho que Morena y aliados conservarán la mayoría calificada.
En ese pleito por las diputaciones y mayoría legislativa, investigadores y académicos dividen opiniones. Ninguna de las partes va a terminar por convencer a la otra. Tampoco van a conseguir interesar a la sociedad en el tema, menos cuando unos titulan su libro “La Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión” y los otros nombran su texto “Entre la Constitución y la Campaña Mediática”.
La autoridad electoral no tendrá más alternativa que seguir aplicando lo que señale la ley.
Ya veremos cómo quedan la Constitución y las reglas de la competencia política con la reforma electoral que se avecina.
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