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Política pública en materia indígena

Política pública en materia indígena

Columnas lunes 17 de agosto de 2020 - 00:31

Hace una semana conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y observamos la presentación presidencial de la candidatura de tres mujeres que pertenecen a pueblos indígenas para la titularidad del Conapred. Esto constituye un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Sin importar tintes políticos, para la gente que trabaja por los derechos humanos y cree en acciones de reivindicación histórica, esto es un hito que en definitiva hay que celebrar. Ahora bien, ¿será que por fin este gobierno dimensione la marginación a la que han sido sometidos los pueblos y las comunidades indígenas en México?
Como punto de partida podemos tomar el informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2016 realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicho documento se enfatizó que la desigualdad afecta de manera diferenciada -y potenciada- a los pueblos y comunidades indígenas como uno de los sectores más vulnerables en el país, ya que tienen una tasa de pobreza cuatro veces mayor y que las grandes violaciones a los derechos humanos en su contra se dan en dos áreas principales: faltas al debido proceso penal y violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales.
Existen cerca de 25 millones de personas en nuestro país que se autoadscriben como indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la autoridad del ejecutivo federal para diseñar, coordinar y evaluar políticas y programas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Al efecto, sí podemos encontrar múltiples menciones en el Plan Nacional de Desarrollo y cuatro programas —creados en gobiernos anteriores—. Empero, preocupa la falta de actualización del Programa de Derechos Indígenas —todavía alineado con el PND 2013-18—, el cual se encarga de la atención en materia penal y penitenciaria, así como la equidad de género. A la fecha no existe indicador o registro público alguno sobre los avances y la efectividad de éste.
Respecto a la segunda preocupación de la CIDH, en 2019 se registraron los asesinatos de 13 activistas defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que se oponían a proyectos de infraestructura en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, entidades federativas que cuentan con importantes distribuciones de regiones indígenas. Conocemos poco —o nada— acerca del cumplimiento cabal con los estándares internacionales sobre las consultas previas, libres e informadas ya que no existe un ente único encargado de hacerlos cumplir y tampoco sabemos sobre las reivindicaciones de tierra realizadas a raíz de determinaciones del aparato judicial o sistema no jurisdiccional, ya que no existe registro que las consolide.
Incorporar a mujeres indígenas en decisiones de política pública que combata la discriminación es un buen comienzo, pero falta mucho por hacer y consolidar.

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/CR

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