Posverdad y derecho al honor

Criticar el rol de servidores públicos en ejercicio de sus funciones es una sana práctica democrática.

Empero, esto no debiera trascender al ámbito personal o familiar. Hacerlo exhibe más carencias morales del ofensor que del agredido. Hombres y mujeres en tareas de gobierno han sido blanco, en no pocas ocasiones, del libertinaje de una mal entendida libertad de expresión y prensa que atenta contra la honorabilidad. He sido de esas personas.

El primer atentado al honor lo recibí hace muchos años, cuando un seudoescritor, apólogo de narcotraficantes, despedido del gobierno por uso indebido de información confidencial, incursionó en el periodismo ficción en un pasquín electrónico desde el que buscó notoriedad al difamarme y calumniarme. Un título morboso y la colocación de su “nota” en cadenas de Whatsapp, bastaron para que los algoritmos del más afamado buscador de internet complementara la obra, haciendo que mi nombre se asociara de inmediato a su infame texto.

Ignoré los consejos de demandar legalmente, convencido de que nadie que me conozca en el plano profesional y personal daría crédito a medio renglón de lo publicado en el libelo. Aun cuando la nota deambula en la maraña de internet, más pena debe darle al autor confrontarse con sus imborrables mentiras. Hay ofensas que antes dan honra, que quitarla. Es el caso.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo de algo que comenzó hace dos años, cuando una agencia de noticias, por dolo o error, decidió utilizar mi imagen para darle rostro a un delincuente, Iván Reyes Árzate, quien laboraba en la División Antidrogas de la Policía Federal y decidió vender información a un grupo criminal para favorecer sus actividades, traicionando a la corporación y al país.

A propósito de su entrega a las autoridades norteamericanas en el año 2017, hice un anuncio a los medios de comunicación. Como Comisionado General de la Policía Federal, era mi deber dar la cara y anunciar la traición del referido sujeto y las acciones que con Estados Unidos se emprendieron para hacer posible su proceso legal.

Conforme el caso tomó relevancia, incrementó el uso indebido de mi imagen, retomada irresponsablemente y sin rigor periodístico alguno al ilustrar las notas relacionadas al delincuente. Las principales cadenas televisivas y muchos de los más respetados medios impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros, replicaron la mentira visual en sus espacios estelares. Como sucedió en el caso del pasquín, nuevamente los algoritmos de internet completaron la infamia, dotando a Iván Reyes Arzate de un nuevo rostro: el mío.

Posverdad e investigaciones “copy paste” de muchos medios de comunicación quebrantan el derecho al honor y a la propia imagen. Sirva esta historia personal para exteriorizar un riesgo plural, del que deben tomar nota miles de servidores públicos y ex funcionarios, que consideramos el honor y la reputación el único y más valioso activo a administrar, especialmente en tiempos en que criminalizar el pasado es deporte cotidiano.

Ejercer el derecho al honor y la propia imagen no es vanidad, sino condición esencial para proteger algo sumamente relevante: el legado que inspire a nuestros hijos para entregarse a las mejores causas del país, sin temor a sacrificar en ello su honorabilidad y a que sean distorsionadas -por dolo o negligencia- sus más sólidas convicciones.

Lo haré hasta las últimas consecuencias.