Presupuesto de Egresos 2026 .

Columnas martes 11 de noviembre de 2025 -

En días recientes se ha generado mucho debate por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Ya sea que la discusión vire en torno a qué ramos recibieron más dinero o cuáles vieron reducidos sus ingresos, el PEF aborda e implica muchas dimensiones y consideraciones importantes.

Como primer comentario quisiera destacar que el PEF es parte del paquete económico. Dicho paquete constituye un conjunto de proyectos presentado por el Poder Ejecutivo Federal para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental.

Por un lado, está la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la cual establece de dónde se obtendrán los recursos necesarios, es decir, la recaudación; y requiere la aprobación de ambas cámaras del Congreso de manera sucesiva. Por el otro, está el PEF, que determina la forma de distribuir los recursos obtenidos, es decir, el gasto, y que es aprobado exclusivamente por la Cámara de Diputados.

Es así que, tras seguir el proceso legislativo previsto en la Constitución, el pasado 6 de noviembre, con 355 votos a favor y 132 en contra, dicha Cámara aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, es decir, un aumento del 5.9% comparado al gasto del 2025.

Durante el debate, el Pleno de la Cámara aprobó reasignaciones de 17 mil 788 millones de pesos, es decir de solo 0.17% aproximadamente, que contemplan reducciones o ampliaciones a diferentes ramos.

Dentro de la reducciones, el Poder Judicial se vio sumamente afectado. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Órgano de Administración Judicial, al Tribunal de Disciplina Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se les redujo su presupuesto en 15 mil millones de pesos.

Los órganos constitucionales autónomos también sufrieron reducciones. Al Instituto Nacional Electoral se le disminuyó su presupuesto por mil millones de pesos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 50 millones y a la Fiscalía General de la República por 933 millones de pesos.

Por lo que hace a ampliaciones, Agricultura y Desarrollo Rural recibió un incremento de 641 millones de pesos; Educación Pública 10 mil millones, Trabajo y Previsión Social 319 millones; Medio Ambiente y Recursos Naturales mil quinientos millones; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2 mil quinientos millones; y, finalmente, Cultura mil 900 millones de pesos.

Como siempre, termino este breve análisis con la esperanza de que las modificaciones sean para el bien del país y un mejor funcionamiento del gobierno. Sin embargo, sólo el tiempo dirá si la redistribución y aumento de recursos a sectores como Educación Pública o Trabajo y Previsión Social tendrá un efecto positivo en estos y en la nación.

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