Por Miriam Heredia Zertuche
A raíz de la descalificación y críticas del presidente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al reducir a dicho organismo meramente a un aparato burocrático sin contenido, resulta relevante analizar entonces cuál es la visión y prioridad que detenta dicha agenda en el presente gobierno.
El Poder Ejecutivo, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el artículo 26 de la Constitución, debe contar con un sistema de planeación democrática dentro de la cual se establezcan los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y programas de desarrollo. En nuestro actual Plan de Desarrollo (2019-2024) no se desprende ninguna meta o línea de acción concreta para que el aparato gubernamental implemente acciones para prevenir la discriminación, materialice la inclusión o establezca medidas de coordinación con el sector privado. De igual forma, el gobierno federal cuenta con 30 programas prioritarios de los cuales ninguno se aboca específicamente al diseño de acciones para fomentar la inclusión.
Por otro lado, aunque la prohibición de la discriminación también goza de reconocimiento constitucional y que la discriminación se encuentra tipificada como delito federal, en función de la protección del bien jurídico “dignidad de las personas”, no existen mecanismos diversos para que los gobernados podamos monitorear y solicitar rendición de cuentas respecto de las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas implementadas. De las 20 dependencias del gobierno federal, únicamente tres de ellas contemplan esfuerzos en la materia: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de un programa de inclusión laboral gratuito y voluntario para otorgar el Distintivo Empresa Incluyente, el Inmujeres a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Política de Género y la Secretaría de Gobernación a través del Conapred.
El Consejo es el (único) órgano encargado de promover en todo el territorio mexicano políticas y medidas para avanzar en la inclusión social, garantizar el derecho a la igualdad, coordinar las acciones de las dependencias en la materia de prevención y eliminación de la discriminación, y verificar que los poderes y organismos privados adopten medidas y programas al respecto. Si bien el único mecanismo interinstitucional (Trabajo, Inmujeres y Conapred) sectorizado existente a la fecha es la certificación de Centros de Trabajo en la Norma Oficial Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, el Conapred es el único ente facultado para conocer de quejas sobre acciones posiblemente discriminatorias por organismos públicos y privados. Aún así su presupuesto anual para 2020 fue de 161 millones, muy por debajo de los 191 millones asignados para la Oficina de la Presidencia de la República.
No queda más que concluir que actualmente es sin instrumentos programáticos, garantías institucionales y presupuestales como se pretende “prevenir y combatir” la discriminación en México.