A seis meses de haber asumido la presidencia, Javier Milei celebró su primer triunfo legislativo con la aprobación de la Ley Bases por parte del Senado. El paquete legislativo, que ahora volverá a la Cámara de Diputados para su sanción final debido a algunas modificaciones introducidas por los senadores, se da por hecho que será convertido en ley.
La votación en el Senado, que se extendió hasta la madrugada del jueves, resultó en un empate de 36 votos, pero el voto decisivo a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel permitió la aprobación del paquete legislativo. Durante el debate, centenares de personas protestaban fuera del Parlamento, arrojando piedras, botellas y bombas molotov, resultando en decenas de heridos por enfrentamientos con la policía.
La Ley Bases, junto con una reforma fiscal que será votada próximamente, constituye el fundamento sobre el cual Milei pretende implementar una reforma liberal en Argentina. "Partiendo de 38 diputados y 7 senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las Fuerzas de Seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza", se lee en un comunicado emitido por la Casa Rosada.
Originalmente presentada como la "Ley ómnibus" con más de 660 artículos, la propuesta inicial fue rechazada en gran medida por la Cámara de Diputados en febrero, lo que llevó a su reformulación y reducción a 232 artículos. Aprobada finalmente por los Diputados en abril, ahora ha recibido el visto bueno del Senado.
Una de las claves más importantes de la Ley Bases es que otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, declarando "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética". Esto permitirá a Milei legislar sobre estos temas mediante decretos sin pasar por el Congreso, aunque no será un poder absoluto. El Ejecutivo aceptó no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos, incluyendo el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Senasa y el INTI, y se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Bases es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares, orientados a sectores estratégicos como energía, agro, minería e infraestructura. Este régimen busca atraer capitales nacionales y extranjeros a largo plazo. Sin embargo, críticos, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, advierten que podría llevar a una "economía extractivista sin valor agregado" y aumentar el desempleo.
La Ley Bases también permitirá al gobierno vender algunas empresas estatales. De las 40 compañías inicialmente propuestas para privatización, solo Intercargo y Energía Argentina S.A. podrán ser privatizadas. Otras, como Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. y los trenes Belgrano Cargas, quedan sujetas a concesión privada. YPF y Aerolíneas Argentinas seguirán siendo estatales.
Finalmente, la Ley Bases incluye medidas para modernizar el régimen laboral y fomentar el empleo formal. Ofrece beneficios para empleadores que regularicen a sus trabajadores y crea la figura del trabajador independiente con colaboradores, permitiendo contratar hasta cinco personas bajo la categoría de "monotributistas". Sin embargo, esta flexibilización ha sido criticada por desincentivar el cumplimiento efectivo de la ley laboral, aumentando potencialmente el empleo no registrado.
Con la aprobación de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei se encamina a implementar cambios significativos en la estructura administrativa, económica y laboral de Argentina, enfrentando tanto apoyo como oposición en su camino hacia la reforma.
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