Principio democrático y DDHH

Columnas jueves 06 de octubre de 2022 -

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Desde hace al menos un lustro, la agenda de la Comisión de Venecia presenta 2 temas de especial relevancia en los que convergen DDHH y el principio democrático: i. La participación civil en la toma de decisiones; y, ii. La adopción de principios para la buena gobernanza.

En cuanto a la participación civil en la toma de decisiones, la Comisión sostiene que los estados democráticos deben promover mecanismos que detonen el papel activo de la sociedad civil en la adopción de políticas públicas, sugiriendo la creación de un entorno propicio y un marco legal favorable para el funcionamiento eficaz de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema de participación ciudadana.

Asimismo, la Comisión ha fijado la necesidad de desarrollar mecanismos y plataformas sostenibles que faciliten el diálogo, la consulta y la cooperación entre la sociedad civil y el gobierno; el establecimiento de estándares relevantes -por ejemplo, directrices y códigos- para una participación social significativa en la toma de decisiones políticas y, finalmente, el impulso de políticas públicas a través de las cuales se apoye decididamente la materialización de proyectos de la sociedad civil, y es que como ha sostenido Yascha Mounk, una auténtica democracia constitucional es aquella en la que los DDHH humanos están efectivamente asegurados, al tiempo que las opiniones ciudadanas se traducen en políticas públicas concretas.

En segundo lugar, en el tema referente a la buena gobernanza, para la Comisión de Venecia, su éxito descansa en la materialización de 12 principios que permiten medir objetivamente la gobernanza en un país.

Estos principios son: i. Conducta equitativa en las elecciones, representación y participación, que se refiere a que hombres y mujeres deben tener voz en la toma de decisiones, ya sea directamente o a través de organismos legítimos que representan sus intereses; ii. Responsabilidad o interés, que consiste en que los objetivos, reglas, estructuras y procedimientos se adapten a las expectativas y necesidades legítimas de la ciudadanía; iii.

Eficiencia y efectividad, las que se alcanzan cuando los resultados electorales cumplen con los objetivos acordados y se hace el mejor uso de los recursos disponibles; iv. Transparencia, la cual supone que toda la información que no está clasificada por razones específicas según lo estipulado por la ley, debe ser pública; v. Imperio de la ley, lo que significa que los actos de autoridad se ejecutan, por regla general, con base en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; vi. Conducta ética, que es orientada por medidas efectivas para prevenir y combatir todas las formas de corrupción; vii. Competencia y capacidad, aspectos que deben caracterizar a las personas que se desempeñan en la función pública; viii. Innovación, en tanto fomenta la búsqueda de soluciones nuevas y eficientes a los problemas; ix.

Sostenibilidad y orientación a largo plazo, los cuales se cumplen cuando se planea en función de las necesidades de las generaciones futuras; x.

Buena gestión financiera, que implica la prudencia y responsabilidad en el gasto público; xi. Derechos humanos, diversidad cultural y cohesión social, que entran a escena cuando se combate a fondo la discriminación y la diversidad cultural se considera un activo; y, xii. Responsabilidad, conforme a la cual, todas las decisiones son reportadas, explicadas y pueden ser sancionadas.