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Prioritario que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos

Prioritario que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos

Columnas miércoles 15 de marzo de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

El secuestro de cuatro estadounidenses ocurrido en Matamoros, ha puesto en duda la capacidad del gobierno mexicano por mantener el control sobre su propio territorio, debido a que es evidente la penetración del crimen organizado en diversas estructuras del gobierno.

Los hechos de la semana pasada –en los que estuvieron involucrados presuntos integrantes del grupo Escorpiones del Cártel del Golfo–, provocaron, además un escándalo internacional luego de la presión que ejercieron los congresistas republicanos para que se autorizara el uso de la fuerza militar de Estados Unidos, con el fin de enfrentar a los cárteles de la droga mexicanos.

Los lamentables acontecimientos que han alterado la paz y la tranquilidad en el norte del país, confirman la impunidad con la que operan los grupos delincuenciales que han logrado consolidar sus negocios regionales y controlan el tejido social. Incluso analistas políticos que hablan ya de un vacío de poder y aseguran que la corrupción ha contaminado las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia.

No queda duda de la incapacidad que ha demostrado el gobierno para resolver la ola de violencia que han provocado los carteles de la droga que se han extendido por todo el país. De acuerdo con el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, México ha perdido el control de cerca del 35 por ciento de su territorio, el cual está dominado por organizaciones criminales.

Un informe elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional revela que México es ya el cuarto país, a nivel mundial, con mayor tasa de criminalidad y el segundo del continente americano. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 18, una de las más altas del mundo; de 2006 a 2019 los homicidios dolosos sumaron más de 173 mil, cifra mayor que la de varios países en guerra civil.

Desafortunadamente, el panorama internacional no es halagüeño. Millones de personas viven en lugares con gobiernos frágiles, donde no se garantizan las condiciones mínimas de seguridad y de respeto a sus derechos humanos.

Los mexicanos debemos refrendar nuestro compromiso con la legalidad y la justicia, por lo que no podemos permitir que se destruyan las instituciones democráticas. Lo ocurrido en Tamaulipas prueba que el crimen organizado se ha empoderado y le disputa al Estado los espacios de poder para construir uno paralelo, basado en el terror y el control territorial.

El periódico The Washington Post analizó la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la crisis de seguridad en México y el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, y destacó la intención del presidente de querer “comprar” el apoyo del Ejército a favor de su modelo político, al otorgarle proyectos que significaron un crecimiento histórico de las partidas presupuestales entregadas a los mandos militares, sin rendición de cuentas.

En la ceremonia del 110 aniversario del Ejército Mexicano, el presidente defendió la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad. “Pese a lo que sostienen nuestros adversarios, la mayor participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarismo o militarización del país; por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército”, dijo.

López Obrador señaló que la actuación de las Fuerzas Armadas en esas tareas ha disminuido los índices de inseguridad y que no cometen violaciones a los derechos humanos, ni masacran, ni torturan, ni desaparecen personas.

Pero los dichos presidenciales no están respaldados en los hechos. El fin de semana familiares y personas que apoyan a los elementos del Ejército, realizaron protestas en varios estados de la República Mexicana, por la detención de soldados en Nuevo Laredo, que fueron acusados de haber ejecutado a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta. Los participantes lamentaron que el presidente López Obrador “denostara” la movilización, al sugerir que la estaba organizando la delincuencia organizada.

Ciertamente, algunos de los deberes del Estado para con su población, tienen que ver con su bienestar general, lo cual implica proteger los derechos y libertades individuales, brindar servicios básicos, entre ellos educación y atención médica, mantener el orden público y la justicia, y asegurar un ambiente propicio para el desarrollo económico y social. Sin embargo, el principal de ellos es garantizar su seguridad.

La abdicación del cumplimiento de esta prioritaria responsabilidad, puede tener consecuencias graves e irremediables para la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, pues –como ya está sucediendo en muchas entidades del país–, los carteles de la droga y otros grupos delictivos han comenzado a llenar el vacío y a tomar el control de la seguridad pública en el área, lo cual ha llevado a un aumento en la violencia, la extorsión, el secuestro y otros delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Los carteles utilizan cotidianamente la intimidación y la violencia para imponer su control sobre las comunidades locales, lo que ha dado pie a la aparición de zonas de exclusión donde la ley y el orden ya no existen; su poder es cada vez mayor y la población se siente más vulnerable e indefensa. Ante este panorama, el mayor reto que tenemos como sociedad civil, es presionar al poder legislativo y los partidos políticos, para que el actual gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos. En este momento, esto es una prioridad ineludible.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

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/CR

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