Protección civil: la vulnerabilidad como destino autoimpuesto

Columnas miércoles 15 de octubre de 2025 -

El estado actual de la protección civil en México revela una profunda crisis estructural que trasciende la coyuntura de cada desastre. Desde el huracán Otis, que devastó Acapulco en octubre de 2023, hasta las recientes tragedias ocurridas la región de la Huasteca, el país ha enfrentado una secuencia de eventos que, más que naturales, deben comprenderse como desastres socioambientales; que, en este caso, han cobrado ya al menos 64 vidas, mientras que 65 personas más permanecen desaparecidas.

Estos hechos son el resultado de un sistema de gestión de riesgos debilitado, reactivo y desarticulado. El caso del huracán Otis ya había mostrado, con trágica claridad, la falta de previsión y capacidad de respuesta institucional. Ahora, la catástrofe en la Huasteca confirma que los desastres se ceban sobre las mismas poblaciones históricamente marginadas. Las familias más pobres son quienes sufren con mayor crudeza los efectos: son ellas las que pierden patrimonio, sustento y sentido de seguridad cotidiana. Esto revela que México carece de una estrategia de protección civil que integre la justicia territorial, la equidad social y la mitigación del cambio climático como pilares centrales.

La falta de planeación y previsión es uno de los eslabones más débiles de este sistema. Muchos municipios ni siquiera cuentan con atlas de riesgo actualizados o con planes de ordenamiento urbano que impidan los asentamientos en cauces, laderas o zonas inundables. A ello se suma la desprotección financiera: varios gobiernos dejaron vencer sus seguros contra huracanes y deslaves, lo que los coloca en una posición de indefensión ante las emergencias.

Por otro lado, los sistemas de alerta temprana, aunque formalmente establecidos, muestran una grave desconexión entre la emisión de alertas y la capacidad real de respuesta. Las evacuaciones son tardías, la información no siempre llega a las comunidades más aisladas, y la coordinación interinstitucional es deficiente. Cuando las lluvias inundan pueblos enteros o los deslaves sepultan carreteras, las brigadas de rescate tardan días en llegar, lo que multiplica el sufrimiento y la desesperación de las víctimas.

A todo ello se suma la ausencia de una visión de resiliencia integral. Los procesos de reconstrucción rara vez incorporan criterios de adaptación climática o de protección de infraestructura crítica. Se reconstruye “como antes”, en los mismos lugares vulnerables, repitiendo los errores del pasado.

Esta situación puede leerse también como una forma de injusticia ambiental. Las omisiones en materia de planeación, la negligencia en la actualización de instrumentos técnicos, la falta de voluntad política y la impunidad frente al incumplimiento de responsabilidades institucionales son expresiones de una violencia estructural que se manifiesta cada vez que un desastre “natural” cobra vidas humanas que pudieron salvarse.

La protección civil en México requiere una refundación: es indispensable construir un sistema de gestión de riesgos basado en la ciencia, la equidad y la responsabilidad política. Ello implica fortalecer las capacidades locales, crear mecanismos estables de financiamiento, implementar sistemas de monitoreo y alerta con participación comunitaria, y garantizar que la infraestructura crítica se diseñe bajo criterios de resiliencia climática.