El reciente proceso de reformas a la Ley de Amparo, tras la elección popular de jueces y magistrados, generó un intenso debate en los círculos jurídicos y políticos del país. No se trata de un tema menor: el juicio de amparo constituye, desde hace más de un siglo, la piedra angular del sistema jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México, y cualquier modificación a su diseño impactará de manera directa en la vida de millones de personas.
De acuerdo con su exposición de motivos, la propuesta busca agilizar los procesos, reducir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Entre sus ventajas, destacaría la posibilidad de simplificar el acceso al juicio de amparo, dotándolo de mayor rapidez y eficacia. Esto respondería a estándares internacionales, particularmente al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la existencia de un recurso judicial efectivo, sencillo y expedito. Asimismo, buscaría alinearse con un compromiso global en favor de la justicia y de instituciones sólidas.
El amparo, visto así, sería no sólo un instrumento procesal, sino un mecanismo que eventualmente pretendería ayudar a reforzar la confianza en el sistema de justicia, sobre todo ahora en la nueva época judicial. Se buscaría un avance hacia un modelo más abierto, austero y transparente, que busque acercarse a la justicia social, pero no es una tarea fácil.
Además, las desventajas y riesgos son igualmente evidentes. Muchas organizaciones serias de juristas han alertado sobre algunos de ellos, por ejemplo, las limitaciones a los jueces para otorgar medidas precautorias (suspensión del acto reclamado), o restricciones al uso del interés legítimo, entre otras. Además, existe el peligro de que la pretendida simplificación procesal pudiera derivar en resoluciones superficiales, debilitando la garantía histórica del amparo como defensa de los derechos humanos.
El juicio de amparo simboliza el pacto entre el Estado y la sociedad, para garantizar derechos frente al poder. Sin embargo, a lo largo de su existencia ha sido transformado en un mecanismo tortuoso, un laberinto de tecnicismos procesales que lo alejan de su noble función.
Reformar no significa desnaturalizar. El acceso más ágil a la justicia es loable, pero no puede lograrse a costa de la calidad y profundidad de las resoluciones judiciales.
Flor de Loto: Tuve la oportunidad de asistir el pasado 11 de octubre a las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, como académico y especialista. Ahí hice un crítica a los formalismos excesivos, usando la metáfora de que el amparo es “como un preservativo roto: es un medio de protección, pero no funciona”. Esta comparación generó gran polémica, pero la opinión pública no se ha tomado la molestia de analizar seriamente el fondo de la metáfora utilizada.