Reforma judicial: la advertencia que hoy se confirma

Columnas lunes 20 de abril de 2026 -

Algo empieza a cambiar en el discurso sobre la reforma judicial de 2024, y lo relevante es que ese movimiento no proviene de sus críticos tradicionales, sino del propio espacio político e institucional que la impulsó. Diversos legisladores con un papel destacado dentro de los grupos parlamentarios de Morena han comenzado a hablar de ajustes, revisiones e incluso de posponer la elección judicial prevista para 2027. En esa misma línea se han pronunciado la ministra Yasmín Esquivel y el Foro de Constitucionalistas de México, tras reconocer fallas en el primer ejercicio.

En estas páginas advertí, desde que se planteó la reforma, que introducir el voto popular en el mecanismo de selección dejaría la decisión a la filia o fobia electoral respecto del poder que postula las candidaturas, produciendo que los perfiles fueran percibidos como parte de una visión política concreta. Hoy, el senador Javier Corral reconoce que un grupo de candidatos no aptos fueron elegidos y Alfonso Ramírez Cuéllar plantea que los aspirantes deberían acreditar experiencia previa en el Poder Judicial. Estos posicionamientos no constituyen un ajuste menor, sino el reconocimiento de que el diseño original no garantizó los estándares mínimos de idoneidad técnica que la función jurisdiccional exige.

Advertí también que la reforma afectaría tres condiciones estructurales del quehacer judicial: i. el perfil técnico especializado; ii. la neutralidad política; y, iii. la independencia de criterio. Recientemente, la ministra Yasmín Esquivel ha planteado la necesidad de implementar un examen universal para aspirantes, la revisión del calendario electoral y, de manera particularmente reveladora, el restablecimiento de las Salas de la Suprema Corte. Esta propuesta hace énfasis en la dificultad de sostener procesos deliberativos complejos en un modelo concentrado en el Pleno. Las Salas no solo distribuían cargas de trabajo, eran espacios de especialización y depuración argumentativa donde se construían los grandes criterios del tribunal, por lo que su eliminación no fue un ajuste administrativo, sino una transformación profunda en la manera en que la Corte delibera y decide.

El Foro de Constitucionalistas de México ha sido aún más preciso en su pronunciamiento reciente: la impartición de justicia exige formación especializada, independencia de criterio y experiencia en la vida judicial, y el rezago observable en los tribunales no puede leerse únicamente como un ajuste operativo, pues incide directamente en la tutela judicial efectiva. Es, en suma, el mismo diagnóstico que la minoría crítica sostuvimos desde 2024.

El problema sigue siendo el mismo. La función judicial no puede equipararse a la función política sin alterar su naturaleza: mientras los órganos representativos canalizan la voluntad de la mayoría, los tribunales existen para establecer límites a esa voluntad cuando entra en tensión con la Constitución. Una persona juzgadora que debe su cargo a la dinámica electoral del poder que la postuló no opera bajo los mismos incentivos que una seleccionada por mérito y profesionalismo verificables.

Lo que hoy se presenta como “perfectibilidad” confirma lo que desde el inicio era previsible: el modelo está intentando reconstruir, en tiempo real, los mecanismos que la propia reforma desmanteló, perocorregirlo exige reconocer que las fallas no son de implementación, sino de diseño.

Obiter dicta.

Detectado el mal diseño, la responsabilidad no es política sino republicana y tiene una sola ruta: ofrecerle a la sociedad mexicana un sistema de impartición de justicia que no repita los errores de origen, sin ataduras ni herencias políticas que comprometan lo que está en juego.