Reforma judicial y legitimidad

A las elecciones del 2 de junio, MORENA y sus aliados se presentaron con el ofrecimiento del llamado “Plan C”, que implica diversas modificaciones a la constitución, entre ellas una reforma al Poder Judicial.

Dicha reforma se ha vuelto el centro de la conversación pública ante la avalancha electoral del partido guinda el pasado 2 de junio.

Entre la oposición, la comentocracia y el llamado círculo rojo, incluso dentro del obradorismo han surgido objeciones hacia la elección directa de jueces, magistrados y ministros.

Cada una de las objeciones que se hacen contra elegir a jueces, magistrados y ministros ya se actualizan con el actual sistema de nombramientos.

Se advierten riesgos a la independencia de quienes tienen que impartir justicia, lo cual es a la vez uno de los argumentos esgrimidos por el presidente López Obrador.

El ejecutivo y su partido acusan una marcada subordinación del Poder Judicial ante poderes fácticos como los grandes capitales o el crimen organizado.

No habrá un método de elección que garantice independencia política o económica de los juzgadores.

Así los cargos se elijan por votación abierta a la población, solo por el Poder Legislativo, o con la participación del Congreso y la Presidencia, la independencia siempre será cuestionada.

Hay que reconocer que el Poder Judicial es un actor político. Hay que reconocer que no hay perfiles puros.

Hay que tener claro los ministros actuales fueron nombrados bajo el sello de los presidentes anteriores, con afinidad de pensamiento así como es notoria la vinculación ideológica de la ministra Lenia Batres con López Obrador.

El quid del asunto tiene que ver con la legitimidad, más que con la vinculación política.

Si se buscara tener el control del Poder Judicial, con la ley actual, solo bastaría con dejar pasar el tiempo y usar el mecanismos ya establecidos.

En ese caso la oposición acusará que el Poder Judicial está secuestrado por el actual régimen, justo lo que hoy la 4T reclama con la composición actual de la Suprema Corte.
El tema pasa, más bien, por la apropiación ciudadana de dicho Poder.

Al fomentar la conversación pública sobre el Poder Judicial, la democracia gana, se apruebe o no la reforma en ciernes. La discusión abierta previa ayuda a tener ciudadanos con mayor consciencia hacia cada uno de los poderes.

La ley es la ley, pero importa con qué criterios filosóficos o políticos se interpreta al momento de resolver conflictos.

Con la elección abierta y con una mayor efervescencia ciudadana, los juzgadores habrán de ser más cuidadosos en la construcción de sus argumentos para interpretar el derecho.

Así dejará de ser letra muerta aquella frase que se recita al rendir protesta, si el ejercicio del cargo no ve por el bien y prosperidad de la unión, que la nación se los demande.