Avanzo en la crónica del debate del 30 de diciembre pasado, en que el Consejo General del INE acató resoluciones tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral para reiniciar los trabajos de la Revocación de Mandato (RM), suspendidos unos días antes.
Intervino el representante legislativo de Morena, César Hernández. Hizo un llamado a la mesura, al absoluto respeto del estado de derecho, “sin escudarse en alternativas lingüísticas que puedan dar cabida a interpretaciones vagas que lleven a la ciudadanía a ser privada de sus derechos políticos.” Y vino lo inédito, lo inesperado: extendió la mano para privilegiar el diálogo, para tratar de construir consensos y propiciar y buscar mejor interlocución no solamente con el Poder Legislativo, sino con el Ejecutivo Federal.
La Consejera Norma Irene de la Cruz consideró que se debía realizar un mayor esfuerzo y explorar otros escenarios, como la votación electrónica, referida expresamente la ley federal de revocación de mandato. Solicitó abrir el abanico a otras posibilidades sin afectar la certeza, garantizar el debido cumplimiento del derecho de la ciudadanía y que se cumplan con todos los requisitos legales para poder participar en la revocación.
Pidió no descalificar pues se trata de una oportunidad para revisar cómo está presupuestando el INE y cómo se puede coordinar y mejorar la relación con las otras instituciones del estado, pues todas son responsables de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Cerró llamando al Consejo General a mantener una actitud de apertura y diálogo para llevar a buen puerto la RM, si la voluntad de la ciudadanía así lo demanda.
El representante decano de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón, fue muy claro: reconoció la prudencia del INE de no impugnar los acuerdos de la Comisión de Receso de la Suprema Corte “porque así se da seguimiento a esta cuestión que está pendiente y se le da una solución lo más pronta posible.” Insistió en que la sentencia del Tribunal Electoral del día anterior, la que revocó el acuerdo de suspensión de los trabajos de la RM, ordenó dejar a salvo los derechos de los trabajadores, “aunque aquí hay quienes han expresado que se desbaraten y desaparezcan los fideicomisos.”
Finalizó reprochando “que se haya pretendido llevar al ámbito penal a las y los consejeros que no estuvieron de acuerdo o que se pronunciaron a favor de ese acuerdo (el de suspensión de la RM) y que no es válido que quien representa un todo (a la Cámara de Diputados y Diputadas) quiera ejercer funciones a nombre de ellos y ellas, y en ese caso, eso se debe regular, ya nuestros diputados así lo expresaron.” Y la sesión apenas iba a la mitad. Seguiré.
@ElConsultor2