La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que la regulación relacionada con la instalación de infraestructura de telecomunicaciones corresponde exclusivamente al ámbito federal, al aprobar el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre el cobro de derechos para la expedición de licencias o permisos destinados a la colocación de antenas.
La resolución deriva de la controversia constitucional 104/2026, promovida tras la creación de un cobro por parte del municipio de San Marcos, Guerrero, para autorizar la instalación y operación de antenas de telefonía y telecomunicaciones. El máximo tribunal analizó si esa medida invadía atribuciones reservadas a la Federación.
En el proyecto se establece que, aunque los municipios mantienen competencias en materias como desarrollo urbano y licencias de construcción, no tienen facultades para imponer autorizaciones o cobros específicos dirigidos únicamente a la infraestructura de telecomunicaciones, ya que la Constitución asigna esa regulación al ámbito federal con el propósito de garantizar un marco normativo uniforme en todo el país.
Durante la discusión del asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que: “Permitir que cada municipio establezca autorizaciones o cobros particulares, por antenas, mástiles u otra infraestructura de telecomunicaciones, generaría una fragmentación regulatoria incompatible con el diseño constitucional del sector, el cual exige uniformidad nacional para garantizar la cobertura, continuidad, interoperabilidad y acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones”.
Con esta decisión, la SCJN reafirmó que la regulación específica de la infraestructura destinada a las telecomunicaciones es una facultad exclusiva de la Federación y que los gobiernos municipales no pueden establecer cargas adicionales que interfieran con ese marco constitucional