SE IMPULSA EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Columnas martes 28 de abril de 2026 -

En la Ciudad de México, mientras algunos abren la llave y dan por hecho que el agua llegará, miles de familias viven con la incertidumbre diaria de si tendrán o no tendrán agua para bañarse, para cocinar, para vivir.

Colonias enteras que dependen de pipas. Hogares donde el agua no es continua. Personas que pagan recibos, pero no reciben el servicio. Y lo más grave: una legislación que, aunque reconoce el derecho, no lo garantiza plenamente.

Hoy el acceso al agua sigue siendo, en muchos casos, una promesa incompleta.

El congreso de la cdmx debe aprobar la iniciativa, que plantea el derecho humano al agua pasemos del discurso al cumplimiento efectivo de este derecho humano.

Atender una obligación legal que no podemos ignorar: en diciembre de 2025 se expidió la nueva Ley General de Aguas, que establece que todas las entidades federativas debemos armonizar nuestra legislación. Y el plazo está por vencerse.

Pero esto no es solo un trámite legislativo, puede ser una oportunidad para corregir lo que hoy no está funcionando.

Por eso, esta propuesta no se queda en ajustes técnicos. Va al fondo del problema.

¿Qué estamos planteando?

En primer lugar, incorporar de manera clara y expresa en nuestra ley qué significa el derecho humano al agua. No como un concepto abstracto, sino como una obligación concreta: agua suficiente, salubre, accesible y asequible para todas las personas.

No es posible que se pueda garantizar un derecho si, primero, no está definido.

En segundo lugar, establecemos que todas las autoridades deberán actuar bajo principios claros: equidad, no discriminación, sustentabilidad, participación ciudadana privilegiando siempre el derecho de las personas al agua.

En tercer lugar, fortalecemos algo fundamental: los elementos que hacen real este derecho.

Que el agua sea accesible físicamente, que sea de calidad, que sea suficiente. Y algo clave: que sea asequible.

No puede ser que acceder al agua implique sacrificar otros derechos.

Y aquí hay una decisión de fondo: ninguna autoridad podrá suspender totalmente el suministro de agua por falta de pago. Nunca

Porque el agua no es un lujo, ni privilegio, sino un derecho

Y como derecho, el Estado está obligado a garantizar al menos el mínimo vital para cualquier persona.

Sí, se podrán establecer mecanismos de cobro, sí, se debe promover la responsabilidad en el pago. Pero nunca a costa de dejar a una familia sin acceso al agua.

Eso no es justicia. Eso es abandono institucional.

Además, la iniciativa que propuse incorpora un enfoque que durante mucho tiempo se ha ignorado: la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el interés superior de la niñez.

Porque la falta de agua no impacta igual a todas las personas.

Impacta más a las mujeres, que muchas veces cargan con la responsabilidad del hogar. Impacta más a niñas y niños, que ven afectada su salud y su desarrollo.

Por eso, esta reforma obliga a que todas las políticas públicas en materia de agua se diseñen pensando en quienes más lo necesitan.

El agua no puede seguir siendo administrada solo como un servicio público, tiene que ser garantizada como un derecho humano.

Esta iniciativa no resuelve por sí sola la crisis del agua, pero sí establece las bases para que el Estado deje de fallarle a la gente, para que el acceso al agua deje de depender del código postal.