En el debate público sobre el abasto de proteína animal suele dominar una pregunta inmediata: ¿cómo garantizamos el abasto hoy? Es una pregunta válida, pero cuando la conversación se queda ahí se simplifica y surge un punto ciego cuando confundimos esa necesidad coyuntural con una estrategia permanente.
Es cierto que México necesita seguridad alimentaria; garantizar que las familias tengan acceso estable, suficiente e inocuo a los alimentos, por lo que, si la demanda supera temporalmente la producción nacional, el comercio exterior es una herramienta para equilibrar el mercado.
Pero la soberanía alimentaria, a diferencia de la seguridad, no se mide en toneladas importadas, sino en capacidad productiva instalada. Es la habilidad de un país para decidir su política alimentaria sin quedar estructuralmente expuesto a factores externos, por lo que impulsarla no implica aislamiento, sino fortaleza productiva.
Hoy el consumo de proteína porcina crece con dinamismo y la porcicultura mexicana avanza en productividad, sanidad y tecnificación, pero aún enfrenta una brecha frente a la demanda total; solo satisfacemos el 50% del mercado, por lo que importar es parte de la solución inmediata, pero convertir esa dinámica en dependencia estructural es un error estratégico que vamos a pagar muy caro.
Aquí está el punto más delicado;cuando el debate se centra en volumen y precio de importación, se ignora el impacto sistémico en la cadena productiva nacional. Cuando se promueve la apertura irrestricta hacia mercados con estructuras de costos radicalmente distintas, no se está defendiendo al consumidor, se está defendiendo el margen de intermediación.
La experiencia internacional es clara; el diferencial entre precio de origen barato y precio al consumidor no necesariamente se traduce en carne más accesible, sino en mayores márgenes para el importador. La lógica es simple, si el mercado interno ya paga cierto precio, importar más barato no obliga automáticamente a vender a bajo costo; permite vender al mismo precio con mayor rentabilidad. Esa rentabilidad privada tiene un costo público.
La entrada masiva de producto a precios que el productor nacional no puede igualar por estructura de costos, regulación sanitaria y cargas laborales distintas, desequilibra el mercado interno. Y cuando se desplaza la producción local, se erosiona al empleo rural, a la inversión en infraestructura, a la recaudación fiscal y a la capacidad productiva futura.
El productor mexicano compite bajo reglas sanitarias estrictas, inspección permanente y estándares que garantizan inocuidad y calidad. Esa disciplina tiene un costo. Si el mercado se inunda con producto cuya estructura productiva responde a otras condiciones, la competencia deja de ser pareja y el mercado no es libre, es asimétrico.
La soberanía alimentaria no significa cerrarse al mundo, significa construir capacidad interna para no quedar rehén de decisiones externas. México necesita importaciones mientras fortalece su producción. Pero importaciones responsables, complementarias, alineadas a estándares compartidos y que no destruyan el tejido productivo que costará décadas reconstruir.
El verdadero interés público no es maximizar márgenes de intermediación, sino garantizar abasto sostenible, precios estables y una cadena productiva nacional fuerte. Abrirse al mundo es sensato, desproteger la producción nacional, no. Porque cuando el productor mexicano sale del mercado, no se pierde una venta, se pierde capacidad estratégica y, esa perdida, no se puede importar.
OPORMEX apoya el Plan México de la presidenta Claudia Sheimbaum. Sabemos que la soberanía alimentaria es una política de gestión de riesgos y la porcicultura mexicana puede convertirse en uno de los pilares de estabilidad alimentaria. Garantizar la proteína hoy es indispensable, pero construir capacidad para producirla mañana es estratégico. La diferencia entre ambas decisiones marcará la fortaleza alimentaria de México rumbo al 2030.