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Senado pospone discusión de Ley contra la Extorsión para revisar penalidades y evitar liberación de sentenciados
Nación
La discusión de la Ley para Prevenir y Sancionar el Delito de Extorsión fue aplazada en el Senado de la República para la próxima semana, con el objetivo de realizar ajustes sustanciales a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, informó que se busca evitar que el nuevo tipo penal permita la liberación de personas ya sentenciadas por extorsión.
El legislador explicó que la revisión se acordó con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y los titulares de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza. La ruta legislativa contempla aprobar el dictamen el martes próximo, tras un análisis técnico y jurídico detallado.
López Hernández, también presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que la extorsión es uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía, por lo que se revisarán criterios jurisprudenciales y agravantes establecidos por la Suprema Corte. Señaló que expertos en derecho penal han advertido que una reducción en las penas podría generar efectos retroactivos que beneficien a personas ya condenadas.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, coincidió en que el proceso legislativo debe evitar apresuramientos que deriven en errores o vacíos legales. Indicó que el dictamen está siendo revisado en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch.
Entre los cambios en análisis se encuentran tres bloques principales: el ajuste a las penalidades, la inclusión de sanciones específicas para servidores públicos involucrados en actos de extorsión, y la definición técnica de las conductas delictivas. También se contempla la creación de unidades especializadas en todas las entidades federativas para la investigación y persecución del delito.
La nueva legislación tendrá alcance nacional y busca establecer un marco legal robusto que permita combatir la extorsión de manera efectiva, sin generar beneficios indebidos para quienes ya han sido procesados o sentenciados.
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JM/CR
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