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Sentencias sacramentales

Sentencias sacramentales

Columnas jueves 07 de septiembre de 2023 -

En estos días resulta común escuchar a juezas, magistrad@s y ministr@s de la SCJN expresar el colapso que vive el PJF frente a la inconcebible carga de asuntos que reciben los órganos jurisdiccionales -más de un millón cada año-.

Distintas voces plantean la creación de más órganos jurisdiccionales, otras proponen hacer una reingeniería de los medios de control de constitucionalidad, y otras tienen la visión de crear un Tribunal Constitucional y dejar a la Corte como órgano de casación, por ejemplo. Estas soluciones no dependen directamente del PJF, sino de los poderes -Ejecutivo y Legislativo- que tienen competencia constitucional en el ámbito de producción de las leyes necesarias para que estas u otras modificaciones tengan lugar.

Sin embargo, hay una salida que sí depende directamente de los órganos del PJF, y que pudiera ser adoptada a corto y mediano plazo, consistente en el abandono de las sentencias sacramentales y la adopción de un nuevo modelo de resoluciones breves, bien motivadas y con lenguaje ciudadano que dinamice la justicia, aligere las funciones judiciales internas y permita a las personas entender de mucho mejor manera qué se decidió en su asunto y por qué.

En el PJF, salvo algunas excepciones, prácticamente la mayoría de órganos judiciales mantiene la estructura, metodología y lenguaje de las sentencias de amparo del Siglo XIX -por ejemplo, la primera sentencia de amparo de 18 de agosto de 1848-, que las caracteriza como resoluciones oscuras, largas y de difícil comunicación para el común de las personas.

Desde el punto de vista argumentativo la sentencia es, evidentemente, un documento que contiene información técnica, pues se trata del discurso de un tribunal que justifica por qué resuelve como lo hace; sin embargo, ello no debe suponer que su redacción y estructura sean oscuras e inentendibles para las personas, porque la sentencia es el instrumento por el que l@s juzgadores cumplen la función de impartir justicia, principio y derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución federal. De hecho, las sentencias tienen una dimensión social, pues por su conducto se definen los bienes, valores y aspectos más importantes de las personas, como la libertad, el desarrollo de la personalidad, la familia y el patrimonio, por citar algunos ejemplos.

Por ello, además de ser discursos jurídicos bien sustentados, la decisión de las sentencias y las razones que la apoyan deben ser comunicables a las partes con facilidad y, desde luego, a la comunidad entera, con un lenguaje ciudadano y cercano. Como señala el profesor Javier Ezquiaga, una sentencia no es un documento de trabajo, sino una decisión jurídica concreta.

Lo que en México aún no se ha entendido es la necesidad de distinguir que en la argumentación judicial operan 2 momentos diferenciados: i. El proceso de investigación y análisis de todos los insumos necesarios para alcanzar la decisión -descubrimiento de la decisión-; y, ii. La decisión en sí misma -el juicio del tribunal-. En México es práctica común insertar ambos momentos de la argumentación del discurso jurídico en las sentencias, esto es, el proceso de todo lo que tuvo que estudiar la persona juzgadora para alcanzar la decisión, así como la decisión en sentido estricto.

Estoy convencido de que el diseño de un nuevo modelo de sentencias, junto con una logística adecuada para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, ayudaría enormemente a aligerar las cargas que hoy padecen, no solamente el PJF, sino especialmente los justiciables, cuyos juicios tardan años en resolverse.

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San Luis Capital

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/CR

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