Hay noticias que no sólo se informan, también se celebran. En esta ocasión el júbilo es porque el sentido humanista y vanguardista que ha alcanzado a la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de dos días de discusión y con una decisión histórica, la Corte mexicana despenalizó el aborto, dejando atrás la criminalización y la cárcel para quienes practican un aborto de manera voluntaria, sentando así precedentes para la legislación en todos los estados de la República Mexicana.
Ahí también se ha discutido la sanción respecto a la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil con una pena menor que la establecida para el delito de violación.
Uno de los personajes claves en medio de esta discusión, es el Ministro Luis María Aguilar, hombre de 72 años, que cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha señalado que “la maternidad es una elección y no debe ser un destino”.
El propio Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, se ha expresado por no abordar el tema a medias tintas, señalando que es impostergable velar por la dignidad y libertad de las mujeres.
Así se encuentra hoy nuestra Corte, mirando de frente la realidad y reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, entendiendo las repercusiones reales al restringir el acceso a este servicio de salud básico.
Si bien el número de muertes de personas gestantes que se practican un aborto en condiciones inseguras y clandestinas ante la prohibición es número significativo; dejar de criminalizar el aborto disminuye las cifras de embrazo adolescente, deserción escolar, riesgo de desnutrición, uniones tempranas, violencia en el hogar.
Por cada adolescente o joven que es acompañada y respaldada en el ejercicio de sus derechos y poder decidir sobre su cuerpo, su vida y la maternidad, está la posibilidad de construir un proyecto de vida y aportar progresivamente en la construcción social.
De hecho, la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que el embarazo adolescente representa un problema de salud, pero también social, político y económico, pues las mujeres gestantes en muchos casos se ven obligadas a dejar de generar sus propios recursos económicos. Esa perdida de ingresos y de empleos, representa el 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La realidad, es que cuando el aborto es ilegal, se convierte más en un privilegio, que un derecho, colocando en situación de desigualdad a las personas gestantes que no cuentan con los recursos económicos para practicarse un aborto seguro y protegido.