Por José García Sánchez
La manera en que el cacicazgo que identificó más de 100 años de gobierno en México sigue reproduciéndose como una especie parasitaria al resto de los seres humanos, sobre todo en entidades donde el ejercicio de la política se repiten añejos esquemas de gobierno ante la falta de cambios y visión.
El cacicazgo es uno de los graves problemas sociales que afectan al país, pero principalmente a los estados gobernados por el PRI, como es el Estado de México y San Luis Potosí, donde en el ámbito de los derechos de los ciudadanos parece no transcurrir el tiempo.
Grave problema del cacicazgo en estas entidades que hasta asesinatos implica. Existen pruebas evidentes que señalan a las autoridades y al partido en el poder en el estado de darle continuidad a ese cacicazgo que recuerda a los hacendados, dueños de vidas y haciendas de hace más de 100 años.
Por ejemplo, en el Distrito 39, que abarca Chimalhuacán y La Paz, aparece como candidato a la diputación federal, Alan Castellanos Ramírez, hijo de Rolando Castellanos uno de los más corruptos y represivos presidentes municipales de Los Reyes La Paz, y de Fernanda Medina Fernández, hija del ex presidente municipal Juan José Medina Cabrera. Rolando Castellanos fue presidente municipal dos veces dejando una secuela de delitos de toda índole. Ahora, la actual alcaldesa, Olga Medina Serrano, de Morena, es tía de Alan Castellanos, quien quiere ser diputado federal.
Alan Castellanos es apoyado por el ex presidente municipal de Los Reyes La Paz, Juan José Medina Cabrera, ex tesorero de la administración de Rolando Castellanos, con quien compartió la responsabilidad de regresar la cantidad de 51´644,676 pesos que habían desviado a sus bolsillos en la administración 2015-2018.
El nombramiento dividió al PRI no sólo en cuanto a opiniones sino que implicó deserciones en el Estado de México, porque es claro que el partido reproduce el esquema de control social viejo. Arrebatan negocios, encarcelan injustamente, torturan, desaparecen, el tricolor no cambia de costumbres, ni de nombres y menos de apellidos.
Una de las implicaciones es que carecen de conciencia del delito, en una inercia de actos en el poder que parecen tradición, pierden la noción de la legalidad, como sucedió en San Luis Potosí, que actualmente gobierna Juan Manuel Carreras, del PRI, donde fue amenazada de muerte con arma de fuego Ruth González, esposa del candidato a la gubernatura de San Luis Potosí del PVEM y PT, Ricardo Gallardo Cardona, quien está en primer lugar en intención del voto.
La impunidad es para los caciques un derecho ancestral que va más allá de pelear los intereses, representa una subespecie que pelea terrenos, espacios, propiedad, con la ley de la selva como garante. Lo malo es que en realidad sus delitos siguen impunes.