En otras entregas, comentamos que el veintiséis de enero del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados y a su Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que, en la próxima conformación de la Comisión Permanente, se integraran todos los grupos parlamentarios representados en dicha Cámara.
Como ello no ha sucedido, fuentes confiables de la Sala Superior nos comentan que existe gran preocupación por parte de sus integrantes, pues no advierten que las autoridades responsables tengan voluntad de acatar la sentencia y sus resoluciones incidentales; mientras que en el órgano legislativo reiteran que si tienen voluntad de cumplir, pero existe imposibilidad jurídica y material.
Lo anterior, porque mediante escrito presentado ante la Sala, el Presidente de la JUCOPO compareció para informar sobre la emisión de un “Pronunciamiento”, en el cual refiere que corresponde al pleno de la Cámara y no a la JUCOPO designar diputados para la Comisión Permanente y que los grupos parlamentarios acordaron trabajar en una regulación para la integración de dicha Comisión para los siguientes recesos.
Pues bien, este miércoles se hizo pública una nueva versión del proyecto de resolución del más reciente incidente, en el cual se propone considerar que tales manifestaciones, según la Sala Superior, no son aptas para tener por cumplido lo ordenado, pues la JUCOPO no llevó a cabo actuaciones para integrar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente.
En ese sentido, en el proyecto se prevé ordenar a la JUCOPO que, en tres días, lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Comisión Permanente para que se convoque al Pleno de la Cámara de Diputados, a efecto de dar cumplimiento a las sentencias principal e incidentales.
El tema ahora, es que el litigio ya se convirtió en un conflicto, pues además de imponer una amonestación a las diputaciones representantes de los grupos parlamentarios que, según la Sala Superior, “refrendan la posición de no cumplir las resoluciones”, en el proyecto se anuncia que, “en caso de persistir el desacato, se tomarán las medidas de apremio que en actuaciones previas se han señalado, incluso las de índole penal, para lo cual esta Sala Superior podrá dar vista de las conductas en que incurran los responsables a la Fiscalía General de la República, para que actúe en el ámbito de sus facultades”.
Lo que antecede, hace evidente la urgencia que hemos repetido en decenas de foros, en el sentido que es necesario legislar sobre mecanismos de solución de controversias al interior del Congreso, para evitar que el tribunal insista en inmiscuirse en su vida interna, sin entender los acuerdos políticos que dan gobernabilidad al Poder Legislativo; sin embargo, también es comprensible la posición de los togados, pues ante el vacío legal, es su obligación impartir justicia. ¡Vaya galimatías!
Plancha de quite: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario”. José María Morelos y Pavón.