“Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar”, dice un conocido verso del Eclesiastés 3. Religión aparte, esta frase hacer referencia a una simple relación de causa - efecto. En México, existen una serie de hechos de violencia e inseguridad que, lejos de ser parte de coincidencias azarosas, en realidad son consecuencia y parte sintomática de la realidad anacrónica en que se ha sumergido el país.
Un ejemplo de ello son las matanzas que se han registrado en el último mes. Sin ir a profundidad, se pueden enunciar el 08 de diciembre la muerte de 14 personas en Texcaltitlán, Estado de México, en un enfrentamiento con miembros de la Familia Michoacana. Poco después, el 18 de diciembre, se registraron 11 muertos durante una posada en Salvatierra, Guanajuato.
El día de reyes, en General Heliodoro Castillo, comunidad de la sierra de Guerrero, 30 personas fueron asesinadas por un grupo armado con apoyo de drones. Un día después, el 07 de enero, también en Guerrero, hubo 5 muertos y 20 heridos en el Palenque de Petatlán presuntamente por problemas de apuestas. Esto no es privativo de una ciudad, región y/o estado del país, es un comportamiento congruente con las condiciones de inseguridad e impunidad del país.
La política de abrazos está lejos de ofrecer los resultados deseados. El negocio del crimen es una vía de creación de riqueza cada vez más atractiva, por lo que no es de sorprender que zonas que históricamente no tenían grupos criminales de gran envergadura, ahora sean tierra fértil para su presencia. Chiapas y Tabasco podrían ser algunos de los ejemplos más actuales. En contraste, los oasis de seguridad (zonas con baja presencia del crimen) son cada vez menores.
Lo anterior es consecuencia, en parte, de las obtusas políticas de seguridad emprendidas y, más allá de las cifras alegres de la conferencia mañanera, hay una realidad aplastante y lapidaria. Al igual que en el sexenio de Calderón y Peña Nieto con la Policía Federal y los militares, y ahora con la Guardia Nacional, el despliegue de efectivos posterior a una tragedia parece ser la respuesta univoca. Llevamos diecisiete años con la misma receta.
Sin embargo, hay un axioma básico: en un país donde el crimen está en auge, en pleno crecimiento y donde no hay una política para su contención, nunca habrá los efectivos policiales o militares suficientes para cubrir la totalidad del territorio nacional. En otras palabras, el crecimiento de las fuerzas del orden público y su despliegue está muy por detrás de la ubicuidad y del despliegue territorial del crimen.
Establecido en tales términos, no es aventurado vaticinar que las elecciones de medidos de 2024 serán no sólo las más violentas en la historia del país, sino también las que tendrán mayor infiltración, recursos e intereses en juego por parte de los grupos criminales. Que a nadie le sorprenda la cantidad de candidatos que serán violentados durante este proceso político, pues, aunque es un evento cíclico, ni las autoridades electorales ni las de seguridad se han preocupado por proponer e implementar acciones de fondo. Andamos sin luz al final del túnel.
* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y cofundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00