Tanque lleno

El fiasco de la guerra contra el huachicol para justificar el desabasto de combustible al inicio del sexenio, opaca el hecho de que sí se descubrieron (así fuese ex post) múltiples y variadas irregularidades en la comercialización de la gasolina en el país. Luego de varios informes y notas de prensa, quedó claro que el modelo de negocio de muchos gasolineros se basa en la conservación de círculos viciosos e incentivos perversos. La nueva Ley de Hidrocarburos tiene la intención de romper ese ciclo. Está por verse si lo consigue, porque la parte de técnica legislativa, como siempre, no es el fuerte de la presente administración.

Pero los gritos de la onexpo y similares son excesivos. Casi todos los cambios de la ley se reducen a darle al Estado una capacidad administrativa amplia para revocar permisos cuando se robe al consumidor dando litros incompletos, cuando no se cumpla con condiciones de infraestructura (porque hay falsas gasolineras que no tienen ni capacidad de almacenaje mínimo y solo revenden el combustible a otras obtenido a precios preferenciales); cuando se cometa el delito de contrabando de combustible (porque algunas gasolineras con lo que comercian es con huachicol) o cuando se amenace la seguridad nacional, energética o económica del país (esta última sí tiene que detallarse a nivel reglamentario si no se quiere que, para variar, se invalide por inconstitucional).

Michele Gandalf publicó un libro que ya es de los más influyentes en ciencias sociales, aunque muchas de sus conclusiones están en los clásicos: Rule makers and Rule Breakers. Utiliza la premisa recalentada de que algunas sociedades son rígidas para cumplir y hacer cumplir sus normas sociales, y otras son laxas. No es descabellado.

Para las reformas de Peña, se diseñaron leyes con incentivos para sociedades estrictas, y la nuestra es una sociedad laxa. En el caso de la energía, al dar un tratamiento a PEMEX y CFE como si fueran actores económicos privados, y en ese sentido preponderantes, se ignoró el hecho de que son empresas endeudadas hasta la médula, con grupos de interés que les impiden manejarse con una lógica empresarial tradicional. Por si fuera poco, tenían cargas fiscales específicas y otras obligaciones jurídicas que se les impusieron (como vender por debajo del precio de mercado o subsidiar privados en ciertas circunstancias).

Lo anterior tenía como propósito que los inversionistas entraran de lleno al mercado, sobre todo a realizar actividades costosas que permitieran aumentar la producción energética y para las cuales el Estado no tiene ni el dinero ni la infraestructura necesaria.

Desgraciadamente eso no sucedió. Los empresarios mexicanos (y algunos extranjeros que vienen a México) no responden a incentivos normales. Obtuvieron permisos para comerciar con ellos o para subsidiar indebidamente a otras compañías con las que tenían relaciones comerciales, y muchas empresas de energías limpias consumen más electricidad de CFE que la que ellas generan.

Este no es un asunto de filias y fobias. Si analizamos las decisiones tomadas por muchas administraciones sobre PEMEX y CFE, desde inversión hasta liquidación inexplicable de activos, lo que se muestra es un desmantelamiento deliberado de la capacidad estatal para generar energía. Y no fue sustituida por esos particulares virtuosos de los sueños húmedos de Milton Friedman. Algo hay que hacer.