Tendencias en el sistema de pensiones

La consecuencia del envejecimiento era la presión creciente sobre las finanzas públicas: en la medida en que los trabajadores en activo no pudieran solventar los gastos de los pensionados, debería de ser el Estado el responsable de cubrir la diferencia que, en lugar de emprender una reforma fiscal, respondió con el sistema de capitalización individual. La responsabilidad se transfirió al trabajador, quien ahora sería responsable de sufragar el ahorro para su propio retiro.

El esquema de capitalización ha representado un alivio para las finanzas públicas, pero dista de haber resuelto los problemas que le dieron origen; sin embargo, sí creó otros: la baja cobertura y el monto raquítico de la pensión, para quienes logran acceder a alguna. Por ejemplo, en México, la cobertura es de 56 por ciento, pero sólo 22 por ciento tendrán un saldo final suficiente para comprar una renta vitalicia. El resto (34 por ciento) deberán recurrir a una Pensión Garantizada, sufragada parcialmente con el monto acumulado y con aportaciones gubernamentales, que se ubica apenas por encima de la línea de bienestar.

Este 25 de septiembre el gobierno mexicano envió una iniciativa al Congreso para reformar el sistema de pensiones mexicano, fincado hasta ahora en el modelo de capitalización individual. La propuesta conserva el sistema de capitalización como el protagonista del sistema. El único componente solidario consiste en la porción no contributiva, que se encuentra lejos de representar una parte significativa del esquema global. Las modificaciones cambian los parámetros de capitalización, pero sin abandonar su mecánica de financiamiento.

Los cambios más importantes son la reducción de mil 250 a mil semanas requeridas de cotización para acceder a una pensión, por un lado; y por el otro, la elevación de la tasa contributiva de 6.5 a 15 por ciento del salario base de cotización. La carga de este aumento recae exclusivamente en los patrones, quienes se harán cargo de los ingresos más altos: aproximadamente 30 por ciento de la población. El gobierno, en cambio, fusiona en una sola partida su contribución a la cuenta de Cesantía y Vejez y la cuota social que acostumbra a otorgar a los salarios inferiores a las 15 Unidades de Medidas y Actualización (UMAS), sin adicionar un solo peso al financiamiento pensionario. En cambio, distribuye el monto resultante de la fusión entre los trabajadores con ingresos inferiores a cuatro UMAS.

Son varios los problemas que presenta esta propuesta. El más importante es que se resiste a recuperar el esquema solidario. Este queda relegado, mientras la relevancia que continúa teniendo la capitalización individual denuncia el apego al modelo y al espíritu neoliberal, del que tanto trabajo le cuesta al gobierno desprenderse. El segundo problema es que la iniciativa recoge los aspectos modulares de las propuestas empresariales, que las esgrimieron para no tocar significativamente el salario, a pesar de que inicialmente el propio gobierno había sugerido una estrategia clara de recuperación salarial. El tercero es que deja inalterado al contingente de trabajadores que operan en la mal llamada “economía informal”.

Existe una tendencia clara a recuperar el carácter solidario de los esquemas de pensiones. La tendencia implica, en algunos lugares, la cancelación de la capitalización individual, pero, en la mayoría de los casos, se le redefine como un esquema optativo y complementario del sistema solidario, que vuelve a ser el pilar de las pensiones. Urge para México retomar el principio de la solidaridad para consagrar la vida digna de las familias mexicanas.