Transparencia y cambio en la SCJN

En un hecho histórico, hace unos días la ministra Norma Lucía Piña Hernández rindió protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de la primera vez, en casi dos siglos, en que una mujer asume la Presidencia del máximo tribunal de nuestro país.

Su llegada significa el rompimiento de un gran techo de cristal. Y es, a la vez, un nuevo comienzo en el largo camino por hacer frente a los grandes retos en la administración e impartición de justicia en México.

Es un hecho que el acceso a la justicia sigue siendo uno de los mayores pendientes nacionales. Y atenderlo pasa, indudablemente, por recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, más cuando la legitimidad de este Poder no proviene –a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo– del voto de la ciudadanía, sino, en gran parte, de su quehacer cotidiano.

Para muestra un botón: de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, solo el 40.3% de la población confiaba en jueces y magistrados.

En estas circunstancias, la transparencia representa una herramienta excepcional –además de una obligación – pues no solo contribuye en la imperiosa tarea de recuperar la legitimidad de las autoridades ante la ciudadanía, sino que impulsa y fortalece la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Sin duda dentro del Poder Judicial son muchos los avances en la materia que se han alcanzado durante los últimos años. Sin embargo, aún hay todavía mucho por hacer. Y, en esa empresa, las Líneas Generales de Trabajo presentadas por la ministra Piña previo a su designación representan una gran oportunidad para fortalecer a la transparencia como eje rector del quehacer judicial.

Partiendo de que la labor de transparencia debe ser evaluada tanto en cantidad, calidad y accesibilidad, la ministra presidenta propone una serie de acciones en dicha asignatura: la creación de un micrositio para visualizar la tramitación de asuntos, generando datos fidedignos sobre plazos y términos; la renovación de esquemas de clasificación y bases de datos, homologando precedentes; la implementación de medios de consulta electrónica de información estadística institucional; entre otras.

Además, en su propuesta recupera un elemento a veces dejado a un lado cuando se habla de transparencia: los archivos, proponiendo la creación de una red de colaboración en materia de archivo entre el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de identificar y evaluar aquellos órganos que requieren de ayuda para poner al día sus archivos. Reconocer la importancia de los archivos es trascendente, pues éstos representan un pilar fundamental para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.

Llevar a buen puerto estas líneas de acción seguramente no será tarea sencilla y requerirá del concurso de múltiples actores al interior del Poder Judicial; la voluntad para hacerlo es un primer paso, destinar los recursos materiales y humanos necesarios será vital para lograrlo. De materializarse, estaremos ante un sistema de justicia más sólido y fortalecido en beneficio de toda la ciudadanía: de una justicia abierta.

Rodolfo Romanillos es licenciado en Ciencia Política (UAM) y pluma invitada de Integridad Ciudadana A.C. @rodolforomp @Integridad_AC