Un día después de la mayor protesta contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, sindicatos y gobierno campan en sus posiciones a medida que la presión aumenta para ambos. ¿Cuál es la situación?
- Creciente presión sindical -
La movilización entró el martes en una nueva fase con la protesta más numerosa hasta el momento -1.28 millones de manifestantes, según las autoridades, y 3.5 millones, según la CGT- y con el inicio de huelgas prorrogables.
La protesta busca que el gobierno retire su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Tras cinco masivas manifestaciones pacíficas en enero y febrero, los sindicatos decidieron intensificar su lucha, ante el rechazo del gobierno de Macron y de la primera ministra, Élisabeth Borne, a dar marcha atrás.
Las acciones se centran en sectores clave como la energía y el transporte. Los sindicalistas bloquearon de nuevo este miércoles la expedición de combustible de las refinerías, los depósitos de gas y cuatro terminales metaneras.
Los importantes puertos de Le Havre, Ruán y Marsella amanecieron bloqueados y los empleados en huelga del sector eléctrico siguen reduciendo la producción eléctrica, que la víspera cayó 13,000 MW.
Por segundo día consecutivo, hubo trenes y aviones anulados, así como perturbaciones en el transporte público de París, pero en menor medida que la víspera.
Los sindicatos convocaron nuevas protestas el sábado y la próxima semana (probablemente miércoles) y llamaron a participar en las marchas feministas de este miércoles y las del jueves, a llamado de organizaciones juveniles.
- Cuenta atrás -
El tiempo apremia. El gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario --un proyecto rectificativo de la ley de financiación de la Seguridad Social-- que limitó el tiempo de examen y facilita la aplicación del plan.
Las dos cámaras del Parlamento tienen hasta el 26 de marzo para adoptar el mismo texto. Si estas no logran pronunciarse, el gobierno puede aplicar su plan mediante ordenanza a partir de entonces, algo que nunca ha ocurrido.
El Senado (cámara alta), controlado por la oposición de derecha favorable a la reforma, tiene hasta el domingo para votarla. Por su parte, el plazo expiró en la Asamblea Nacional (cámara baja), sin que llegara a hacerlo.
La próxima semana, representantes de ambas cámaras deben reunirse para tratar de acordar un texto común, sobre el que diputados y senadores deberían pronunciarse de nuevo o al menos intentarlo.
Con información de AFP
Imagen: AFP