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Columnas
¿Recuerda en qué momento inició la cruzada nacional desde el poder contra las y los jueces? Al parecer, desde que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recobró su independencia y dejó de ser la secretaría de justica del ejecutivo federal.
En estos casi dieciocho meses desde que Norma Piña preside uno de los poderes de la Unión, como lo es la Presidencia o el Congreso, han pasado muchas cosas en nuestro país. La inseguridad no es un tema que ocupe ya las principales planas o las noticias más relevantes de los noticieros del país. No. Eso ya se normalizó, salvo que seas una víctima directa. Tampoco es preocupación el creciente déficit público ni la escasez de agua. Lo que ha sido constante es la construcción de una narrativa nacional, cotidiana, constante y consistente de decir “los jueces son corruptos y hay que cambiarlos”.
En marzo de este año, en una fiesta unas amistades comentaron que los jueces eran muy corruptos. Cuando les pregunté en qué basaban su opinión, me dijeron que “porque lo habían visto en los medios”. Les compartí mi pensamiento en voz alta: toda institución es corrompible, porque al final son personas quienes las integran y dirigen, y parafraseando pasajes bíblicos, cambiamos de tema. Ya en junio de este año, otra persona muy cercana a mí comentó que la presidenta de la Corte, Norma Piña, era una mujer muy corrupta y ladrona, pues así lo indican en varias publicaciones del Face y del TikTok. Como en la ocasión anterior, decidí pasar el tema en un tris con algún chiste.
Estas dos anécdotas me dejaron una idea clara: ha existido una clara y consistente estrategia de comunicación, tanto en medios tradicionales como digitales, que permeó en toda la sociedad, para apuntalar y fortalecer la narrativa nacional de la corrupción judicial para “botar” a los que están y “votar” a los que llegarán. De las acusaciones etéreas, a los señalamientos con nombre y apellido.
Constitucionalmente, el país se diseñó desde siempre con un poder dividido en tres: ejecutivo (Presidencia), legislativo (Congreso federal) y judicial (Suprema Corte, Juzgados, etc.); y formalmente una Federación, integrada por estados libres y soberanos, cuya libertad y soberanía está limitada por su capacidad económica. Porfirio Díaz concentró todo esto en treinta años (1881-1911), luego el PRI por setenta (1927-1997), y por veintisiete años (1997-2024) el país tuvo división de poderes y así tuvo tres alternancias federales en el poder: PRI-PAN (2000), PAN-PRI (2012), PRI-Morena (2018).
La nueva barca política va por su tres de tres: ya tiene dos poderes de la Unión, sólo le falta el poder judicial para tener la hegemonía total y consolidar una “democracia” sin contrapesos. En otras palabras, una democracia más venezolana que danesa. Pero nada es para siempre.