Por Erika Solorio, activista de derechos humanos, asesora política, comunicóloga social. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.
La fuerza despiadada, la psiquiatría y la psicología en ocasiones pueden unirse para causar actos -físicos y mentales-, degradantes e inhumanos contra personas acusadas de cometer supuestos, diversos delitos. Torturan sin piedad.
Existen documentos que relatan actos de tortura por parte de la CIA, realizados en Estados Unidos, sí, en ese mismo país que impulsó y vio nacer el documento sobre los derechos humanos, declaración encabezada por una mujer, Eleanor Roosevelt, nacida el 11 de octubre de 1884.
La tortura está prohibida, así lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. Artículo 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, (ONU).
Es una violación grave de los derechos humanos fundamentales y está prohibida por numerosos tratados internacionales, así como por la legislación nacional en la mayoría de los países.
Este acto inhumano implica infligir intencionalmente un sufrimiento físico o mental a una persona con el fin de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar.
Entre los tratados internacionales que prohíben la tortura se encuentra la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General en 1975. En su Artículo 1 se señala:
“Tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido”, (ONU, 1996-2024).
Dichos actos van en contra de la dignidad humana, la integridad física y mental, y el principio de igualdad ante la ley.
Es fundamental trabajar para evitar la tortura, en cada ámbito, a través de políticas públicas, en la legislación, en las áreas administrativas, en la capacitación, desde las universidades, entre otras áreas. Las y los involucrados en la materia deben de tener un mayor conocimiento preventivo, sobre cómo actuar en situaciones de vulnerabilidad a la violación de los derechos humanos.
La historia nos cuenta a través de diversos documentos, sobre la tortura que han sufrido algunas personas en manos de sus verdugos. Hechos inaceptables.
Los organismos internacionales hacen fuerte hincapié sobre lo ya establecido en las declaraciones contra la tortura. De hecho, existen documentos que hacen diversas recomendaciones para trabajar en la materia, por ejemplo: la “Prevención de la tortura: Guía operacional para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”.
Fingir que no existen las investigaciones que informan sobre la prevención de la tortura, y no actuar, en la planeación, elaboración y aplicación de políticas públicas, así como desde el legislativo, no abonará en nada para evitar la continuidad a la violación de los derechos humanos de todas y todos.
La prevención del delito siempre será primordial.