URGE REGULAR PLAZOS DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO

Columnas martes 02 de diciembre de 2025 -

Lo que debería ser obvio en una democracia, en la Ciudad de México se convirtió en un camino incierto y escaso: el respeto a la ley, a los procedimientos y a la participación real de la ciudadanía.

Es necesaria una iniciativa que regule los tiempos para realizar la difusión como las consultas del Plan General de Desarrollo, que busque la defensa del derecho de las y los capitalinos a decidir sobre el futuro de su ciudad.

Porque los instrumentos de planeación no son una serie de documentos más, no son un trámite administrativo. Son los instrumentos que definirán cómo se va a gobernar esta ciudad durante los próximos quince y veinte años.

Cómo se va a ordenar el territorio, cómo se va a crecer, cómo se va a cuidar el medio ambiente, la vivienda, la movilidad, el agua y la calidad de vida de millones de personas.

Y precisamente por la trascendencia de ese documento, es que su construcción no puede hacerse a la prisa, en lo oscurito, ni simulando participación ciudadana.

Primero:

El proyecto del Plan General de Desarrollo no fue aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación, tal como lo establece la propia Ley Orgánica del Instituto.

Para justificar su ilegalidad, el secretario de Gobierno salió a decir que presentaron los lineamientos metodológicos, aunque no el plan. Después se inventaron una versión de que se trataba de un anteproyecto.

No obstante, el documento que circula, la convocatoria, sus publicaciones en redes sociales mencionan un proyecto, nunca un ante proyecto, término que no existe en la ley.

El documento que hoy se somete a consulta carece de la validación de su máximo órgano de gobierno.

Desde ahí ya hay una irregularidad seria.

Segundo:

El proceso de difusión duró tres horas, y la consulta ha sido improvisada, acelerada y reducida al mínimo.

Primero dijeron que serían tres meses de consulta, posteriormente dos, en la práctica sería uno. Gracias a la presión ciudadana y a la realizada por Acción Nacional, el gobierno reculó que amplió la consulta hasta el 28 de febrero.

Debido a todo esto, hoy propongo una iniciativa para poner orden, dar certeza jurídica y para que no quede al capricho de ninguna administración decidir cuánto tiempo tiene la gente para opinar sobre el futuro de su ciudad.

Lo que estamos proponiendo es muy claro:

Primero:

Que ningún Plan General de Desarrollo, ni ningún Programa General de Ordenamiento Territorial, pueda enviarse a la Jefatura de Gobierno sin haber sido previamente aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto.

Segundo:

Que la difusión del proyecto tenga un plazo mínimo de 30 días hábiles, reales y efectivos, para que la ciudadanía pueda conocerlo.

Tercero:

Que la consulta pública tenga una duración mínima de 60 días hábiles, no días calendario, no periodos disfrazados, sino tiempo suficiente para organizar foros, talleres, mesas, diálogos y participación auténtica.

Lo que está en juego aquí no es un documento..

Lo que está en juego es cómo se va a vivir en esta ciudad en las próximas dos décadas.

Si no corregimos hoy este proceso, mañana las decisiones se van a seguir tomando desde el escritorio, sin escuchar a los barrios, sin escuchar a los pueblos originarios, sin escuchar a las colonias populares, sin escuchar a las organizaciones… sin escuchar a la gente.