Un aliado estratégico para las mujeres

De octubre de 2018 a septiembre de 2019, se presentaron 279 mil 984 solicitudes de acceso a la información (según el Informe de Labores 2019 del Inai), a diversas instancias públicas federales de los tres poderes, organismos autónomos, partidos, sindicatos y fondos y fideicomisos públicos.

De ese total, 243 mil 430 fueron respondidas otorgando la información (el 85.2 por cierto). En 3.6 por ciento se declaró la inexistencia de la información, y en 1.7 por ciento de negó el acceso por ser reservada o confidencial.

Es común que haya incredulidad respecto de tales cifras; sin embargo, es importante que cada persona pueda poner a prueba a las instituciones públicas mediante solicitudes de información sobre los temas que le interesan, por ejemplo convirtiendo en preguntas concretas los problemas o inquietudes que tengan sobre temas específicos de su entorno, su colonia, de la ciudad y del país.

La agenda de derechos de las mujeres tiene un amplio potencial por explotar con el apoyo de la transparencia, pero hasta ahora los temas relacionados con sus derechos o sus intereses ha tenido escasa presencia en el ejercicio del derecho a la información pública.

Según las cifras del Inai, el número de solicitudes realizadas por mujeres se ha reducido, pues de las más de 279 mil presentadas entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 solo 36.6 por ciento correspondieron a ese grupo de población. En cambio, de octubre de 2017 a septiembre de 2018 el 40.1 por ciento de las solicitudes de información fueron presentadas por mujeres.

Según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, somos 119 millones 530 mil 753 habitantes; el 51.4 por ciento son mujeres y 48.6 por ciento hombres. Esta proporción no se ve reflejada en el acceso a la información pública.

Del total de solicitudes realizadas desde junio de 2003 a septiembre de 2019 (un millón 983 mil 317), las que se refirieron a temas relacionados con la igualdad de género son marginales, pues apenas representaron el 0.6 por ciento del total.

Al desglosar este rubro temático vemos que solo en el 0.25 por ciento de las solicitudes se preguntó sobre programas de apoyo a mujeres. En el 0.11 por ciento se pidió información sobre salud de la mujer; en el 0.16 por ciento de las solicitudes se requirió información relativa a la violencia de género, mientras que sobre discriminación laboral ocupó el 0.06 por ciento de las solicitudes.

El acceso a la información pública permite el ejercicio de otros derechos y en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay quienes lo han ejercido para defender sus derechos laborales, tener acceso a la educación y a la salud, entre otros.

También permite que las fiscalías y el Poder Judicial rindan cuentas sobre la procuración e impartición de justicia en favor de las mujeres, si cuentan o no con los recursos suficientes y el personal idóneo.

Gracias a solicitudes de información se ha podido conocer si los partidos incumplen con las candidaturas que corresponden a mujeres, así como si realizan o no las acciones de capacitación y desarrollo político de la mujer como es su obligación.

No hay ámbito de la vida pública que pueda estar exento de la rendición de cuentas para saber si las políticas públicas se corresponden con las demandas de las mujeres, pero se requiere un ejercicio del derecho de acceso a la información mucho mas intensivo en beneficio de este sector mayoritario de la población mexicana.