Un paso más hacia la equidad

Columnas viernes 27 de marzo de 2026 -

Desde Tepito, donde la vida cotidiana enseña el valor del trabajo honesto y la dignidad del esfuerzo, resulta imposible no alzar la voz frente a los privilegios que durante años han marcado la distancia entre el gobierno y el pueblo. Hoy, como diputada federal y como mujer formada en barrio bravo, celebro y respaldo el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo 127 de nuestra Constitución, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Este dictamen no es un simple ajuste técnico. Es, en esencia, un acto de justicia social. Durante décadas, México ha cargado con un sistema desigual en el que, mientras millones de trabajadores luchan por una pensión digna tras años de esfuerzo, un reducido grupo de altos funcionarios accedía a jubilaciones exorbitantes, muy por encima de la realidad del país. Esa disparidad no solo es ofensiva: es insostenible.

Quienes venimos de territorios como Tepito sabemos que cada peso cuenta. Aquí, las familias se organizan, resisten y salen adelante con creatividad y solidaridad. Por eso, hablar de pensiones millonarias financiadas con recursos públicos resulta profundamente ajeno a la realidad de la mayoría. El dinero del pueblo debe servir al pueblo, no a los privilegios de unos cuantos.

La reforma al artículo 127 establece con claridad que ningún servidor público podrá recibir una remuneración incluidas jubilaciones y pensiones mayor a la del titular del Ejecutivo federal. Este principio, que ya aplicaba para los salarios en activo, ahora se fortalece al incluir las percepciones posteriores al retiro. Se trata de cerrar la puerta a interpretaciones discrecionales que durante años permitieron abusos.

No estamos en contra de las pensiones. Al contrario: creemos firmemente en el derecho de todas y todos los trabajadores a un retiro digno. Pero ese derecho debe construirse sobre la base de la equidad. No puede haber pensiones de primera y de segunda categoría financiadas por el mismo erario. No puede haber una élite que viva del presupuesto en condiciones que el resto de la población jamás alcanzará.

Esta reforma también representa un paso importante en la consolidación de un Estado más austero y responsable. En tiempos donde cada recurso cuenta, donde hay enormes retos en salud, educación, seguridad e infraestructura, es indispensable garantizar que el gasto público se ejerza con criterios de justicia y racionalidad. Limitar las pensiones excesivas no solo es un asunto ético, sino también financiero.

Desde mi posición como representante popular, he escuchado muchas voces que exigen congruencia. La gente está cansada de discursos que hablan de igualdad mientras en la práctica se mantienen privilegios. Este dictamen responde precisamente a esa exigencia: la de un gobierno que predique con el ejemplo.

Sabemos que habrá resistencias. Siempre las hay cuando se tocan intereses arraigados. Pero también sabemos que la transformación de México pasa por decisiones valientes. No podemos seguir postergando cambios necesarios por miedo a incomodar a quienes se han beneficiado de un sistema desigual.

Como diputada de Tepito, mi compromiso es claro: defender a quienes nunca han tenido privilegios. Esta reforma es un paso en esa dirección. Es decirle al país que el servicio público no es una vía para enriquecerse, sino una responsabilidad que implica servir con honestidad, incluso después del retiro.

Hoy más que nunca, México necesita instituciones que reflejen los valores de su gente: trabajo, esfuerzo, dignidad y justicia. Limitar las jubilaciones y pensiones excesivas es avanzar hacia ese país más equitativo que millones de mexicanas y mexicanos demandan.

Desde el corazón del barrio, donde la lucha diaria nos enseña que nadie debe estar por encima de nadie, reitero mi respaldo a esta reforma. Porque un México más justo no se construye con privilegios, sino con igualdad.

María Rosete