Un principio de justicia

Columnas miércoles 25 de septiembre de 2019 -

Entre los años de 2012 y 2018, el país vivió una guerra contra la delincuencia organizada. La violencia invadió los hogares mexicanos y se apropió de las calles y espacios públicos.

Entre marzo de 2008 y 2018, en México hubo 234 mil homicidios y 33 mil personas desaparecidas. Cifra que algunos especialistas apuntan comparables a los genocidios ocurridos en otras altitudes.

La violencia expresada en muertes es dramática y también lo es la de aquellos que viven las secuelas: las personas inocentes que se encuentran en prisión.

De acuerdo con la Open Society Foundation, el 42 por ciento de los presos en México son “legalmente inocentes”. De los 210 mil internos, aproximadamente, 90 mil podrían estar libres si los procesos fueran más rápidos y expeditos. Lamentablemente son los grupos con menores recursos económicos y los indígenas quienes sufren más esta violencia que les determinó el Estado mexicano.

¿Cómo se reparará el daño causado por los años en prisión? ¿Cómo compensar la ausencia de las personas en el seno familiar, la merma de los recursos económicos, la pérdida de los días y de los años?

El Estado mexicano tiene una gran deuda con quienes vivieron o viven en prisión siendo inocentes.

Este cúmulo de tristezas vivido por una parte de la sociedad parece que podría ser saldado parcialmente con la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de amnistía. Sobre todo, las personas que, por marginación, pobreza o violencia, cometieron delitos.

La propuesta de amnistía beneficiará a las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas. Pensemos en aquellas mujeres que por la suspensión legal del embarazo están presas.

Datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señalan que entre enero de 2007 y diciembre del 2016 hubo 4 mil 246 denuncias (850 mujeres, 445 hombres y 2 mil 951 no desagregados).

Durante el mismo período, se realizaron 531 juicios penales y se emitieron 228 sentencias; 83 personas se encontraban en prisión preventiva (44 mujeres y 39 hombres) y 53 en prisión definitiva (19 mujeres y 34 hombres).

Hasta mayo de 2018, el número de averiguaciones previas era de 114, mientras que en años anteriores fue de 512 (2015), 358 (2016) y 502 (2017).

De acuerdo con diversas organizaciones como el Centro de las Libres, actualmente hay 200 mujeres presas por suspender su embarazo.

No se trata de liberar por liberar. Sería irresponsable.

Por eso estamos revisando puntualmente la propuesta del Presidente de la República, acompañados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y por especialistas, a través del Parlamento Abierto.

Vamos a reparar los daños, a responder a una demanda de justicia. Se trata de ayudar a quienes padecen las secuelas de la violencia, de la marginación y pobreza.

•*Diputada Federal de Morena.

Presidenta de la Comisión de Gobernación y

Población de la Cámara de Diputados