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La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, promulgada el 15 de septiembre de 2024, junto con la implementación del juicio oral en materia civil y familiar a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de junio de 2023, marca un hito en la historia del sistema jurídico mexicano. Estas reformas, sin duda, contemplan una transformación profunda en la impartición de justicia, pero también plantean desafíos considerables, especialmente en lo que respecta al financiamiento y a su implementación en las entidades federativas.
La reforma constitucional al Poder Judicial busca fortalecer la independencia judicial, mejorar la eficiencia de los procesos y garantizar un acceso más amplio a la justicia. Entre sus principales novedades se encuentran la elección directa de jueces y magistrados, la creación de un Tribunal de disciplina judicial más autónomo, un órgano administrativo y la reestructuración de los poderes judiciales federal y locales. Sin embargo, para que estas reformas se consoliden, es indispensable contar con los recursos financieros necesarios.
Por su parte, la implementación del juicio oral en materia civil y familiar representa un cambio radical en la forma de resolver los conflictos. Este nuevo modelo procesal, caracterizado por su oralidad, inmediación y publicidad, promete agilizar los procedimientos, reducir los costos y garantizar un mayor acceso a la justicia. No obstante, su puesta en marcha exige una inversión significativa en infraestructura, tecnología y capacitación del personal judicial.
Es así, que tanto la reforma constitucional como la implementación del juicio oral demandan una inyección importante de recursos públicos. La construcción de nuevos juzgados, la adquisición de equipo tecnológico, la capacitación de jueces y personal administrativo, así como el aumento de los salarios de los servidores públicos, son solo algunos de los gastos que deben contemplarse.
Si bien el gobierno federal ha anunciado un incremento en el presupuesto destinado al Poder Judicial, es probable que este no sea suficiente para cubrir todas las necesidades. En este sentido, las entidades federativas enfrentarán un desafío adicional, ya que deberán asumir una parte importante de los costos asociados a la implementación de estas reformas.
Las entidades federativas se encuentran en una situación compleja. Por un lado, están obligadas a cumplir con las nuevas disposiciones constitucionales y legales. Por otro lado, enfrentan presiones presupuestarias derivadas de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica.
Para hacer frente a este escenario, los gobiernos estatales deberán priorizar la inversión en justicia, buscando alternativas de financiamiento como la reorientación del gasto público, la búsqueda de recursos federales adicionales y la colaboración con la iniciativa privada.
Para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades, es necesario:
Fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno: La colaboración entre el gobierno federal, los estados y los municipios es fundamental para garantizar una implementación exitosa de las reformas.
Incrementar la inversión en tecnología: La digitalización de los procesos judiciales es clave para agilizar los trámites y reducir los costos.
Capacitar al personal judicial: La formación continua de jueces, magistrados y personal administrativo es indispensable para garantizar la correcta aplicación de las nuevas normas.
Promover la participación ciudadana: La sociedad civil debe ser involucrada en el proceso de reforma para garantizar que las nuevas instituciones respondan a sus necesidades.
Finalmente, las reformas de 2023 y 2024 marcan un antes y un después en la historia del sistema jurídico mexicano. Si bien representan un desafío importante, también ofrecen una oportunidad única para construir un sistema de justicia más justo y eficiente. Para lograrlo, es necesario que todos los actores involucrados trabajen de manera coordinada y comprometida. ¡Ánimo, sí se puede!