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Una pésima idea

Una pésima idea

Columnas miércoles 08 de julio de 2020 - 01:18

La pretensión de retirar computadoras en el gobierno federal podría acarrear más problemas de los que se pretenden resolver con la llamada “austeridad republicana”, particularmente en la obligación de las dependencias públicas de documentar el ejercicio de sus funciones, así como de garantizar el acceso a la información que generan y detentan en sus archivos.
La intención de ahorrar recursos y acabar con la presunta corrupción en los contratos para la adquisición o arrendamiento de computadoras es plausible, pero la forma en que se quiere ejecutar es pésima porque, entre otras cosas, chocará de frente contra dos leyes generales: la de Archivos y la de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Eso ocurriría al menos en la Secretaría de Economía, cuya Unidad de Administración y Finanzas y la Dirección General de Tecnologías de la Información emitieron el oficio 700.2020.00404 el 23 de junio con las “medidas para aplicar la reducción presupuestaria en los servicios de TIC”, según información publicada en Expansión (https://bit.ly/3f3zRf0). La intención sería retirar el 75 por ciento de las computadoras a sus trabajadores con la opción de comprarlas al proveedor en 4 mil pesos.
El uso de computadoras personales supondría un riesgo para la generación, conservación, accesibilidad, integridad y seguridad de los documentos y la información gubernamental que en ellas se genere y almacene, como lo mandata la ley de archivos.
Al ser de su propiedad, el funcionario puede usar su equipo como mejor le parezca, incluso prestarlo a familiares o amigos; podría ser robada, extraviada o dañarse; los archivos estarían expuestos a muchas formas de vulneración e incluso pérdida. La información que el funcionario tenga en su computadora con motivo de su trabajo será de carácter público y la citada ley considera esos documentos como bienes nacionales.
La ley dice que “la responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional (de archivos), recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado”.
Además, obliga a “adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre; tener un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de los servicios”, entre otras.
A su vez, la LGTAIP establece, entre otras obligaciones, que la información generada y en posesión de las dependencias debe ser accesible, por lo que su alteración o pérdida podría afectar el derecho a la información y el funcionario sería sancionado.
Hay que decir, además, que la administración pública no tiene una cantidad desbordada de computadoras. Según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2019, del Inegi, al cierre de 2018 había un millón 476 mil 478 trabajadores en las instituciones federales y solo 756 mil 191 computadoras. Solo 51.2 de cada 100 tenía asignada una computadora. El censo no precisa si eran arrendadas o propiedad del gobierno.
Tras revelarse la pretendida medida en la Secretaría de Economía, el presidente de la República dijo que no se realizaría. Será lo mejor porque no parece ser muy idóneo que los documentos públicos estén en computadoras que puedan usar los hijos de los funcionarios para su entretenimiento o tareas escolares, por decir solo algunas posibilidades.

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/CR

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