Una reforma electoral que no verá la luz del día: Se avecinan peleas entre tribus

La iniciativa de reforma Constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un problema de origen: No es la de López Obrador. No contempla el ahorro franciscano de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los Tribunales Electorales Locales como quería su maestro, entre otras cuestiones. La propuesta que ha circulado rápidamente encontró la negativa de los partidos aliados que no quieren perder el derecho de la imposición de candidatos en las listas plurinominales que sean de las grandes cúpulas al interior de estos y el financiamiento. Pero hay algo peor, se avecina una traición desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados de su propio partido, cuyo dirigente negociará incluso con la oposición que dicha reforma no pase como la quiere la presidenta, acordando quizás apoyo a la candidatura “nepótica” de Zacatecas.

El panorama político mexicano se encuentra en un punto de ebullición donde la retórica de la unidad se estrella contra la pared de los intereses facciosos. La propuesta electoral de Claudia Sheinbaum ha intentado, ha mostrado matices que la alejan del radicalismo de su antecesor. Mientras que el "Plan A" de López Obrador pretendía una reestructuración total del sistema mediante la eliminación de los OPLEs y los Tribunales Locales para centralizar todo en una sola autoridad federal, Sheinbaum ha optado por un enfoque que preserva la autonomía técnica del Instituto Nacional Electoral (INE), desmarcándose incluso de las voces más duras de su gabinete como Pablo Gómez, quien ha cuestionado abiertamente la necesidad de dicha independencia constitucional.

Esta aparente moderación ha sido interpretada por las tribus más radicales de Morena como una claudicación ante los "órganos autónomos" que el movimiento ha jurado transformar. Actualmente, al menos 11 OPLEs operan al límite del colapso financiero, con presupuestos recortados y sistemas informáticos frágiles. El costo de mantener estos organismos asciende a aproximadamente 19,000 millones de pesos, una cifra que choca con la narrativa de austeridad pero que, en el cálculo de la presidenta, es el precio que pagar por la estabilidad democrática mínima necesaria para que su administración no sea calificada como una dictadura por sus socios comerciales.

La verdadera tormenta, sin embargo, no viene de la oposición tradicional, sino de los propios aliados de la coalición "Sigamos Haciendo Historia". El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) han dejado claro que su lealtad tiene un precio muy alto: la supervivencia de sus prerrogativas y sus cuotas de poder plurinominal. La propuesta de Sheinbaum de reducir de 200 a 100 los diputados de representación proporcional y eliminar la totalidad de los 32 senadores plurinominales es vista por el PVEM y el PT como una sentencia de muerte política. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín y otras voces del Verde han sentenciado que no respaldarán una reforma que mutile su capacidad de meter a sus cuadros dirigentes mediante las listas de partido. Sin los votos de estos aliados, Morena está lejos de la mayoría calificada de 334 diputados necesaria para cualquier cambio constitucional, contando apenas con 252 legisladores propios. Esta aritmética parlamentaria es el grillete que mantiene la reforma en un estado de parálisis negociadora.

En este laberinto de intereses, emerge desde la JUCOPO de la Cámara de Diputados que ha asumido el papel de gran mediador, pero también de principal obstáculo para los deseos de Palacio Nacional. Monreal ha sido enfático en que, sin consensos con el PT y el Verde, la reforma constitucional no tiene futuro, y ha comenzado a tejer una red de diálogos con la oposición (PAN y PRI) que huele a una agenda propia. La desconfianza entre el equipo compacto de Sheinbaum y el "monrealismo" se ha agudizado tras el episodio de la reforma antinepotismo.

La fractura interna en Morena se manifiesta en la pugna entre los denominados "Puros", liderados por la dirigencia nacional de Luisa María Alcalde, y los "Pragmáticos" o monrealistas que controlan la Cámara de Diputados. Alcalde ha intentado dinamitar los acuerdos legislativos que pretenden suavizar la reforma electoral, insistiendo en que Morena debe aplicar el antinepotismo desde 2027 de manera estatutaria, incluso si la Constitución no lo obliga hasta 2030. Esta postura de la dirigencia nacional ha provocado choques directos con Monreal, quien advirtió que, si la propuesta presidencial se mantiene tal cual, sin concesiones a los aliados en temas de financiamiento y plurinominales, simplemente no alcanzará los votos necesarios. El riesgo de una "implosión catastrófica" dentro del partido en el poder es real, y la reforma electoral es el detonante perfecto.

Por si fuera poco, la negociación de Monreal con la oposición parece incluir una moderación en la reducción del financiamiento público a los partidos. La propuesta original de Sheinbaum busca recortar hasta el 50% de los recursos ordinarios de los institutos políticos, una medida popular que generaría un ahorro estimado de 32,000 millones de pesos entre 2025 y 2030. Sin embargo, el INE ha advertido que una reducción tan drástica podría incentivar la entrada de dinero ilegal en las campañas, una preocupación compartida por los partidos de oposición que ven en el recorte una estrategia de Morena para asfixiarlos financieramente mientras el partido oficialista utiliza la estructura del gobierno federal. Los rumores en los pasillos del Congreso sugieren que Monreal está dispuesto a ceder en el tema del financiamiento a cambio de que la oposición no bloquee otros puntos de la agenda legislativa y, sobre todo, para mantener su control territorial sin la interferencia directa de los "puros" de Palacio Nacional.

La figura de la revocación de mandato también se ha convertido en un punto de fricción. Sheinbaum propone reducir el umbral de participación del 40% al 30% para que sea vinculante y permitir que las consultas se realicen el mismo día de las elecciones ordinarias. Para la oposición y ciertos sectores académicos, esto no es más que una estrategia para poner a la presidenta en la boleta en 2027 y arrastrar votos para sus candidatos legislativos, una maniobra que Monreal ha calificado como "conjeturas" pero que no ha descartado formalmente en las mesas de negociación. La ambigüedad de la JUCOPO en este punto alimenta la teoría de que la reforma electoral está siendo utilizada como una moneda de cambio multicanal: una parte para aplacar a los aliados, otra para negociar impunidad con la oposición y una más para consolidar el poder sucesorio en los estados.

El destino de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum parece estar sellado por la deslealtad y el cálculo mezquino de quienes, en teoría, deberían ser sus principales operadores. La iniciativa "claudista" está herida de muerte antes de nacer porque no satisface ni la sed de ahorro de los radicales ni la necesidad de supervivencia de los aliados, y mucho menos los límites éticos que la propia presidenta ha intentado imponer al movimiento.

Mientras Sheinbaum habla de fortalecer la democracia participativa, su coordinador parlamentario negocia plazos que permiten a la "familia nepote" de Zacatecas soñar con la gubernatura. Si la reforma no pasa, o si pasa en una versión tan descafeinada que resulte irreconocible, será la confirmación de que en el México de la LXVI Legislatura, el poder real no reside en la firma de la jefa de Estado, sino en las negociaciones en lo oscurito de las tribus que se niegan a dejar de vivir del presupuesto y del apellido.

La reforma que prometía modernizar el sistema electoral terminará, muy probablemente, en el basurero de las promesas incumplidas, víctima de una traición anunciada desde el corazón mismo de San Lázaro, con lo cual no sólo ellos quedan heridos y en claro enfrentamiento, sino que la principal víctima de estas fallidas reformas, es el pueblo bueno, que sigue sometido al nepotismo y pierde dinero de su presupuesto.