No sorprende que Estados Unidos y Canadá interpongan quejas en contra de la política energética del Estado mexicano. Están obligados a apoyar a sus empresas, cuándo éstas consideren que nuestro país afecta sus negocios.
A algunos desagradó que Andrés Manuel López Obrador respondiera a la noticia de que Estados Unidos interpusiera su queja, después lo hizo Canadá, con la ahora famosa canción de Chico Che; pero a muchos les encantó la respuesta del presidente. No sorprende que el Gobierno Mexicano defienda los intereses nacionales y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No sólo es su derecho, sino su obligación.
A los adversarios de AMLO les gana el hígado. De inmediato dieron la razón a los gobiernos extranjeros y consideraron un hecho que habrá sanciones internacionales. No diría que son entreguistas o vendepatrias, pero sí poco enterados o intoxicados con la mala leche de la polarización.
No he leído las decenas de capítulos que contiene el T-MEC, menos, sus miles de páginas; y mucho menos lo he podido analizar a fondo. Sí tengo presente dos elementos, que varias ocasiones se pusieron sobre la mesa en los meses de discusión de la reforma eléctrica: la reforma constitucional propuesta por AMLO no vulneraba el T-MEC ni ningún otro tratado internacional suscrito por México; si esto es así, menos aún la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los lineamientos de la Secretaría de Energía, lo hacen.
Particularmente, el Capítulo 8, referente a energía, establece que las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular los asuntos abordados en este Capítulo.
México se reservó su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, tal y como lo hizo con la LIE.
La LIE y los lineamientos de la SENER no vulneran el Tratado. Lo que el T-MEC sí dice es que las partes establecerán mecanismos para impedir la corrupción.
El gobierno de AMLO desaparecerá los autoabastos que vulneren el sentido original con el que fueron creados y que además la Suprema Corte, consideró como fraudulentos. No sólo violan la ley, sino representan un desfalco enorme para las finanzas públicas. También cambió las reglas de despacho del mercado eléctrico, que daban prioridad a las empresas extranjeras y relega a la CFE. Las reglas de dicho mercado no estaban en la Constitución o en las leyes, sino en un acuerdo de la Sener.
Las empresas pueden quejarse y pedir a sus gobiernos que las apoyen, pero a pesar de las formas poco ortodoxas de AMLO, el gobierno de México tiene la razón al defender los intereses nacionales. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.