Violencia Política Electoral En México

SERGIO GONZÁLEZ

En septiembre del 2020, el Consejo General del INE aprobó también unos lineamientos de importancia superlativa en materia de disuasión y combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género (VPG).

En aquellos lineamientos, aún vigentes, el INE creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG para medir, exhibir, inhibir y erradicar el fenómeno y materializar la reforma legal del 13 abril del año pasado.

Los lineamientos fueron concebidos y discutidos en un esfuerzo colectivo, como siempre lo hace el instituto, pero adquirieron su perfil definitivo en los debates realizados en el seno de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General, presidida hasta hace unas horas por la Consejera Carla Humphrey, experta y activista en la materia desde hace muchos años.

En su presentación inicial ante el Consejo General, ella destacó que no estamos ante un hallazgo nuevo, pues las académicas mexicanas empezaron a estudiar el fenómeno desde los ochenta, aunque todavía no era identificado con ese nombre. De esa manera lo refiere Brook en su libro Violencia contra las mujeres en política, cuya introducción se intitula precisamente Un problema sin nombre.

En la obra, que hay que leer con urgencia y que me regaló la Consejera hace un año, la autora hace un recuento global de la historia y desarrollo del fenómeno y concepto de la VPG, propone una infraestructura teórica robusta para estudiarlo y una tipología muy útil para clasificarlo, haciendo del texto más un manual para la acción que una reflexión académica.

Al cierre de aquella intervención, Humphrey refirió que la integración del registro mencionado es una decisión constitucionalmente válida; ayuda a verificar si una persona cumple con el modo honesto de vivir que exige la constitución para aspirar a una candidatura y competir por algún cargo de elección popular. Que busca garantizar que las mujeres puedan acceder a más y más cargos públicos y ejercerlos en condiciones de igualdad y en espacios y condiciones libres de violencia. Informó además que, con perspectiva de género e interseccionalidad, se tuvo especial cuidado en asegurar que la permanencia en el registro sea agravada cuando la VPG se dirija contra mujeres indígenas, de la diversidad sexual, afro mexicanas o con discapacidad.

Al día de ayer, cuando el Registro está por cumplir un año, ese listado de la ignominia electoral cuenta con 89 registros: 69 hombres (Ernesto Ruiz Flandes, de Veracruz, con 8 sanciones) y 12 mujeres. Veracruz (22) y Oaxaca (20) tienen el mayor número de registros. El mayor número de víctimas, el 48%, está en el ámbito municipal, principalmente en el cargo de regiduría.

Ya hay métrica; ahora hay que asegurar que las sanciones sean disuasivas y el daño reputacional, irreparable. Y en esa materia, estoy seguro, Humphrey, impertérrita, integérrima, perseverará, pues ni se cansa ni se arredra. Bien por eso, Consejera, muy bien.

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