Violencia política, la democracia en vilo

Columnas lunes 05 de abril de 2021 -

De acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México, realizado por Etellekt Consultores, desde el 7 de septiembre, inicio del Proceso Electoral 2020-2021, hasta el 20 de marzo de 2021 (última actualización del reporte, el cual tendrá una tercera edición próximamente), se han reportado 218 personas políticas o funcionarias públicas víctimas de delito (166 hombres y 52 mujeres).

Asimismo, la mencionada consultora da a conocer que de las 218 víctimas, 61 personas políticas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres) y de éstas, 18 buscaban un cargo de elección popular; mientras que 78 personas funcionarias sin militancia o aspiración política perdieron la vida.

Del total de las personas políticas o funcionarias que han sido asesinadas durante el Proceso Electoral, 36 eran mujeres – que representan el 26 por ciento – y 103 hombres.

Estos datos son preocupantes e invitan a pensar en que la participación en la vida pública y democrática de nuestro país se encuentra en riesgo, pues perder la vida o sufrir violencia en el ejercicio de los derechos es un precio demasiado alto por cualquier aspiración política.

La violencia hacia personas de la vida política y funcionarias de todos los niveles de Gobierno debe ser condenada y erradicada para la construcción de una democracia sólida, incluyente y participativa.

Más importante aun, atender las causas que generan la violencia nos permitirá desarrollar estrategias para alcanzar su máximo potencial y abrir espacios para que toda persona pueda ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de seguridad, equidad y paz.

Por otra parte, la violencia en el ámbito político-electoral tiene una influencia directa en la participación ciudadana, pues la falta de seguridad y garantías para ejercer el sufragio de manera libre abre la ventana para que la gente prefiera quedarse en casa antes de ponerse en riesgo.

Asimismo, el involucramiento del crimen en la política nacional mina la confianza ciudadana en las instituciones, partidos políticos y personas públicas, disminuyendo su credibilidad y la certeza en los procesos democráticos.

Las autoridades electorales, buscamos erradicar todo tipo de violencia en los procesos electorales, sancionándola, previniéndola y generando mecanismos de reparación del daño y equidad en la contienda para alcanzar una democracia integral y donde todas y todos podamos ser escuchados.

El trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y personas de la vida política debe ir encaminado a la transformación cultural de nuestro país, atacando las causas de la violencia a través de la educación, la certidumbre y la aplicación de la ley.

El respeto a los derechos humanos, la equidad, la transparencia y la seguridad deben ser los valores que rijan nuestro actuar como autoridades electorales y personas servidoras públicas y no un mero discurso, construyendo así las bases para combatir los agravios e injusticias derivadas de la violencia en los procesos democráticos.